La portavoz del partido político español VOX en Fuenlabrada, Isabel Pérez, denunció a Rita María Hernández, expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Habana del Este por un presunto delito de fraude de subvenciones.
La denuncia forma parte de una demanda interpuesta por Pérez contra el exalcalde del municipio madrileño, Manuel Robles, y la exconcejal de Cooperación al Desarrollo en la Cooperación, Margarita Barrios, por el supuesto desvío de 60.000 euros a una asociación cubana, informaron medios locales.
Los hechos corresponderían al período entre 2013 y 2019, cuando se concedieron dos subvenciones por valor de 26.600 y 25.000 euros, que no constan en “resolución o convenio de colaboración previo, tal y como estipula el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre”, indica un reporte del periódico Al cabo de la calle.
La vicesecretaria Jurídica Nacional de VOX, Marta Castro, afirmó que de comprobarse el delito “constituiría una flagrante e injustificada disposición de fondos públicos” a favor de un gobierno local en la isla.
Según la agrupación política española, el concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Francisco Manuel Paloma, propuso a la Junta de Gobierno “dar de baja por error de contabilización en la fase de incoación de los Derechos Reconocidos indicados, entre los que se incluyen los 26.600 euros abonados en 2012 a la Asamblea Municipal del Poder de la Habana del Este”.
La fuente añade que el expediente del Convenio de Colaboración no está debidamente justificado, lo que imposibilita el desembolso del dinero, según Castro.
Asimismo, los denunciantes precisaron que el presunto delito no prescribe “toda vez que la reclamación económica a la asociación cubana se podía plantear hasta el 1 de abril de 2017, pero es en 2021 cuando se anula ese derecho crediticio a favor del Ayuntamiento. Así, el plazo de prescripción comenzaría a computarse el 1 de abril de 2017”.
La denuncia señala que la misma irregularidad se repitió en 2013 y 2019, por lo que Castro solicitó al Juzgado la declaración de Pérez y la presentación de los documentos y justificantes de las transferencias bancarias, aunque pidió que se libre de oficio al Banco que se ocupó de las transacciones, y al Ayuntamiento de Fuenlabrada.
