La política migratoria de Estados Unidos hacia los cubanos volvió a mostrar esta semana sus dos caras más duras: la deportación inmediata de un hombre condenado por tráfico de personas y la negativa de “miedo creíble” a un joven con una I-220A que buscaba quedarse en el país tras huir de Cuba.
El primer caso lo dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Un ciudadano cubano, cuya identidad no fue revelada, fue deportado tras ser hallado culpable en 2024 de intentar introducir de manera ilegal a 29 migrantes, entre ellos menores de edad, en la parte trasera de un camión.
Las autoridades calificaron la operación como “imprudente y peligrosa”, y remarcaron que no habrá tolerancia para quienes participen en redes de contrabando humano. El hombre fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ejecutó la expulsión como parte de la política de “cero tolerancia” contra este tipo de delitos.
Muy distinto es el panorama de Fernando Fuertes Muñoz, de 33 años, detenido a inicios de agosto en el condado de Glades, Florida. Entró a Estados Unidos en 2022 tras volar a Nicaragua y cruzar varias fronteras, como hicieron miles de cubanos en ese período. Recibió entonces un documento de I-220A, figura que mantiene en la incertidumbre legal a decenas de miles de migrantes de la isla. Su caso de asilo fue cerrado este mes y, al salir de la corte, agentes de ICE lo arrestaron.
En días recientes, Fuertes se sometió a una entrevista de miedo creíble, mecanismo que permite a un solicitante demostrar que enfrentaría persecución si regresa a su país. Sin embargo, el funcionario que lo entrevistó le negó ese derecho. Su defensa presentó de inmediato un recurso para revertir la decisión, mientras su hermana, desde La Habana, intenta recaudar fondos en Gofundme para cubrir los gastos legales y evitar que sea deportado.
La situación de Fuertes refleja el limbo en que se encuentran miles de cubanos con I-220A, a la espera de que la justicia federal decida si este documento equivale a un parole que abriría la vía a la Ley de Ajuste Cubano. El fallo se espera a inicios de 2026, pero para quienes enfrentan procesos de expulsión cada día cuenta.
Entre la aplicación estricta de la ley a quienes cometieron delitos graves y la indefensión de quienes alegan persecución política, los cubanos siguen atrapados en un laberinto migratorio que no ofrece salidas claras.
