En un segundo mandato marcado por decisiones ejecutivas que desafían principios constitucionales centenarios, la administración de Donald Trump ha lanzado una ofensiva judicial y política contra los derechos migratorios, reavivando el fantasma de un país que podría negar la ciudadanía a recién nacidos, deportar con discrecionalidad y operar bajo una doctrina legal casi secreta: el llamado shadow docket.
En el centro de esta cruzada está el intento de acabar con la ciudadanía por nacimiento. El pasado 15 de mayo, la Corte Suprema de EE.UU. escuchó argumentos sobre una orden ejecutiva firmada por Trump el mismo día que retomó la presidencia en enero. El decreto pretende negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal, aunque hayan nacido en suelo estadounidense.
Un cuestionamiento a 125 años de jurisprudencia
Esta medida choca frontalmente con una decisión de 1898 que interpretó la Enmienda 14 de la Constitución como garantía de ciudadanía a todos los nacidos en territorio estadounidense. “Cada tribunal ha fallado en su contra”, señaló la jueza Elena Kagan durante la audiencia, visiblemente escéptica ante los intentos del gobierno por invalidar este principio.
Sin embargo, el gobierno insiste en limitar el alcance de las decisiones judiciales, señalando que los llamados “interdictos universales” —órdenes que frenan una medida federal en todo el país— interfieren con el Poder Ejecutivo. Lo preocupante es que, de prosperar esta visión, la ciudadanía podría convertirse en una lotería geográfica: un niño nacido en Nueva Jersey podría ser ciudadano, mientras que otro en Pensilvania, no. “Nunca en la historia del país la ciudadanía se había activado y desactivado según cruzaras de estado”, advirtió el procurador general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum.
El caso Kilmar Abrego: secretos de Estado para encubrir errores
En paralelo, otro frente legal ilustra hasta qué punto el gobierno de Trump está dispuesto a invocar el “privilegio de secretos de Estado” para evitar rendir cuentas. Kilmar Abrego García, un trabajador salvadoreño deportado erróneamente desde Maryland, debía haber permanecido protegido por una orden judicial desde 2019 que reconocía el riesgo de persecución por parte de pandillas. Sin embargo, fue expulsado en marzo, en violación directa de esa orden.
La jueza federal Paula Xinis ordenó su retorno inmediato y exigió al gobierno pruebas de sus gestiones. Pero la administración respondió que divulgar esa información afectaría la seguridad nacional, pues comprometería “relaciones diplomáticas sensibles”. Mientras tanto, el propio Trump declaró públicamente que no lo traerá de vuelta, dejando en evidencia una doble moral: opacidad en los tribunales, fanfarronería ante los medios.
La calle responde: South River bloquea a ICE
Lejos de los mármoles del Supremo, la resistencia se libra también en la acera de enfrente. El pasado 14 de mayo, en South River (Nueva Jersey), más de 30 vecinos frustraron un operativo conjunto de ICE y la DEA contra la familia de una inmigrante. Sin orden judicial, los agentes pretendían irrumpir en el domicilio. La comunidad activó una red de respuesta rápida, documentó la escena y forzó la retirada de los oficiales.
“Gracias a Dios tuve refuerzo. Si no, yo no sé… ¡me asusté bastante!”, dijo la mujer, casada desde hace 16 años con el objetivo del operativo. El caso muestra que la acción colectiva sigue siendo una de las pocas barreras efectivas frente al aparato estatal.
El uso creciente del shadow docket —mecanismo que permite a la Corte Suprema decidir sobre temas urgentes sin audiencias públicas ni justificación detallada— preocupa a juristas y legisladores. “Más y más de nuestras decisiones más significativas se están dando en las sombras”, advirtió la jueza Ketanji Brown Jackson.
Con decisiones que se anuncian a medianoche y órdenes que se aplican solo donde conviene, la administración Trump está reformulando los límites entre Poder Ejecutivo y Judicial. Y en ese proceso, lo que está en juego no es solo una política migratoria más o menos dura: es la propia idea de ciudadanía, el valor de una orden judicial y el derecho a saber qué hace el Estado en nombre de todos.
Con información de AP y Univisión
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