En marzo de 2025, los tribunales de inmigración de Estados Unidos alcanzaron un récord histórico al negar más solicitudes de asilo que en cualquier otro mes desde al menos 2001. Según datos recopilados por el profesor Austin Kocher de la Universidad de Syracuse, se resolvieron 10,933 casos, de los cuales el 76% fueron rechazados, superando el anterior récord de febrero de 2020, cuando se completaron 10,458 casos con una tasa de negación del 74% .
Este aumento coincide con la implementación de políticas más estrictas por parte de la administración Trump, que ha instado a los jueces de inmigración a acelerar los procesos y a desestimar casos considerados «legalmente deficientes» sin necesidad de una audiencia completa. Una directiva del Departamento de Justicia, vigente desde el 11 de abril, permite a los jueces cerrar casos sin audiencia si consideran que carecen de fundamentos legales suficientes .
Kocher señala que, aunque anteriormente se habían registrado aumentos en las tasas de negación, la combinación actual de volumen y porcentaje es sin precedentes. Además, destaca que estas medidas se han implementado con una rapidez sorprendente, reflejando un cambio drástico en la orientación de los tribunales de inmigración en los primeros 100 días de la administración Trump .
La administración también ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente, por ejemplo, a cientos de migrantes venezolanos, alegando vínculos con pandillas, sin brindarles el debido proceso legal. Esta medida ha sido criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten sobre la erosión de los derechos constitucionales y la creación de un clima de miedo e incertidumbre legal para inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, indica The Guardian.
La situación plantea interrogantes sobre la independencia judicial y si los jueces de inmigración están actuando con cautela o bajo presión para alinearse con las políticas de la administración, refleja por su parte Latin Times.
El propio diario se hace eco también de una audiencia reciente en el Senado, momento en que el senador Chris Murphy (D-CT) criticó duramente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por la gestión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración Trump.
Esta, sería la otra cara de la moneda e incluso, revela un problema más grave aún: migrantes que tenían sus citas de Asilo pendientes, con jueces que aún no habían cerrado sus casos, fueron detenidos y sacados de los Estados Unidos. Otros, estuvieron a punto.
Murphy acusó al DHS de ignorar las leyes de inmigración y de implementar un sistema migratorio nuevo que poco tiene que ver con los estatutos que están obligados a seguir según su juramento de cargo. Además, señaló que la agencia está violando rutinariamente los derechos de los inmigrantes, quienes, aunque no sean ciudadanos, tienen derechos constitucionales y legales cuando residen en Estados Unidos.
El senador también denunció que el DHS está en camino de violar la Ley Antideficiencia al gastar más dinero del asignado por el Congreso, lo cual calificó de “altamente ilegal”. Advirtió que la agencia se quedará sin fondos para julio, dos meses antes del final del año fiscal, y criticó la obsesión por gastar en la frontera, lo que ha dejado al país desprotegido en otras áreas como la ciberseguridad y la prevención de desastres.
Murphy también abordó la negativa del DHS a permitir que las personas que llegan a la frontera sur soliciten asilo, lo cual, según él, representa una violación flagrante de la ley. Recordó que la ley de asilo es un compromiso bipartidista para corregir decisiones pasadas de negar la entrada a personas que huían de persecuciones, como ocurrió con los judíos durante el Holocausto.
Finalmente, expresó su preocupación por las “desapariciones” de individuos que tienen derechos legales para permanecer en el país, como el caso de Kilmar Abrego García, y estudiantes que protestan contra las políticas de Trump. El senador calificó estas acciones de inmorales e ilegales, y denunció planes para deportar inmigrantes sin el debido proceso a prisiones en países en conflicto como Libia, lo cual consideró profundamente perturbador.
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