La madre detalla una secuencia de gestiones sin resultados: primera entrevista el 25 de agosto “inconcluyente”; regresos el 15 y el 24 de septiembre sin ser atendida; y, finalmente, el 30 de septiembre, una reunión con una comisión encabezada por un teniente coronel de la Fiscalía —“sin competencia directa en el hecho”, señala— y otros oficiales que no eran los responsables del puesto ni los mandos inmediatos del conscripto. En esa cita, dice, le hablaron de “transparencia”, pero los principales jefes no acudieron y las explicaciones “carecieron de sustento”.
El destino de Alfredo González —detenido y acusado tras buscar respuestas por su hijo— se perfila como un espejo de las tensiones actuales en Cuba. Su persecución judicial, junto con la solidaridad de figuras públicas como López Hernández, convierte su historia en un símbolo de resistencia y exigencia de transparencia.
Según se pudo confirmar, la versión no oficial de lo ocurrido, es que a un compañero en el Servicio Militar se le escapó un tiro de su arma, y acabó con la vida de este joven.
La muerte del joven de Quivicán vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de revisar las condiciones del Servicio Militar en Cuba, así como la falta de derechos para los conscriptos.
