En Jovellanos, Mayabeque, Baracoa, Moa o Chicago, y en una comunidad rural de Ciego de Ávila donde una niña se salvó a fuerza de gritos en Facebook, se repite la misma pregunta que atraviesa barrios y pantallas: cuántas mujeres más deberán morir –o quedar al borde de la muerte– antes de que el Estado reconozca la magnitud de la emergencia y establezca políticas reales de prevención, protección y reparación.
El llamado busca no solo reabrir un expediente, sino rescatar la memoria de una mujer que, como tantas, fue silenciada por la violencia machista y por un sistema que rara vez responde. Porque la justicia no puede tardar otros catorce años. Cada día sin respuesta prolonga el dolor y confirma una impunidad que, en Cuba, se ha vuelto costumbre.
Mientras la familia de Yamila Zayas exige justicia y tres niñas quedan huérfanas, el intento de asesinato en la capital yumurina evidencia que la prevención temprana, las órdenes de protección, los canales de denuncia y la transparencia no pueden seguir esperando. Con 32 feminicidios verificados en 2025 y casos en curso como el de Matanzas, la urgencia es ineludible: proteger a las víctimas y cerrar el paso a la impunidad.
Mientras se espera una confirmación institucional, la prioridad —coinciden las alertas— es no enfrentar al sospechoso y notificar a la policía con datos precisos de lugar y hora. En casos que involucran a menores, la urgencia de una respuesta rápida y transparente es doble: por justicia y por prevención.
La censura, la demora en informar y el silencio de los medios estatales en la isla, dejan espacio a veces a estos errores, cuando la información primaria es escasa y fragmentada. Lo curioso es que luego el mismo aparato que genera la desconfianza se aprovecha de ella para reforzar su discurso de desacreditación a medios y activistas que ejercen una labor informativa primordial en medio de la censura y el totalitarismo.
La muerte de Milagros no fue inevitable. Fue una consecuencia directa de la desprotección en la que viven muchas mujeres en Cuba. Y mientras eso no cambie, el “empoderamiento” del que habla el Estado seguirá siendo un eslogan vacío.
Junio ha sido un mes negro para las mujeres en Cuba. Tres casos de violencia extrema, ocurridos en distintos puntos del país, han sacado a la luz la brutal realidad que viven muchas cubanas. Dos de ellas, jóvenes madres, fueron asesinadas por sus parejas. Una tercera lucha por sobrevivir tras un intento de feminicidio que casi la deja sin vida.
La historia de Gretel Matos no solo duele por su brutalidad, sino porque se parece demasiado a otras. Porque ya hemos leído esto antes. Porque pasará de nuevo.
Según ha quedado expuesto en las redes sociales, el presunto atacante, cuyo nombre no ha salido a la palestra pública, utilizó un arma blanca y propinó varias heridas a la oficial de la PNR; luego de su acción, fue detenido. Testigos afirman que se encontraba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.
La reiteración de estos asesinatos ha generado un creciente clamor popular por sanciones más severas, protección real para las mujeres, y políticas de prevención eficaces. Sin embargo, el gobierno cubano mantiene un discurso de "cero tolerancia" que, en la práctica, no logra traducirse en medidas efectivas para frenar la violencia de género. Mientras tanto, en la isla sigue creciendo el miedo, la impunidad y el dolor.
