Un reciente informe de la organización no gubernamental Christian Solidarity Worldwide (CSW), con sede en Reino Unido, denuncia un dramático aumento de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba en 2022, respecto al año anterior.
El reporte de CSW registró 657 violaciones documentadas de libertad religiosa o de creencias en 2022 en la isla, lo que representa un incremento del 141% en comparación con los 272 hechos de la misma naturaleza reportados en 2021.
No obstante, el informe advierte que el número real de violaciones podría ser mayor, ya que todos las personas que se encargaban de recoger los casos habrían sido “obligados” a marcharse al exilio.
Según la ONG, las violaciones incluyen acoso, detenciones arbitrarias, restricciones de viaje, impedimentos para asistir a servicios religiosos, confiscación de propiedades y ataques en redes sociales.
La jefa de defensa de CSW, Anna Lee Stangl, advirtió que “la situación de la libertad religiosa se deterioró una vez más en Cuba en 2022, y sin una intervención internacional significativa y concertada, esta tendencia probablemente continuará en 2023”.
Por su parte, la organización de exiliados cubanos Outreach Aid to the Americas ha reportado hallazgos consistentes con el informe de CSW.
“La represión del régimen contra grupos cristianos y no cristianos continúa profundizándose y no muestra signos de disminuir”, señaló Javier Peña, director de comunicaciones de la organización.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha concluido que la constitución cubana no cumple con 34 de los 36 estándares de libertad de religión establecidos en la ley internacional.
Además, el 95% de los líderes religiosos encuestados coinciden en que la libertad de expresión en la práctica pastoral religiosa está parcial o totalmente reprimida en Cuba, y añaden que la vigilancia se hizo más evidente tras las masivas protestas del 11 de julio de 2021.
Respecto al derecho de culto, algunos cristianos denuncia que las condiciones se han agravado por la aprobación —mediante referendo— de un nuevo Código de Familia, además de la imposición de un nuevo Código Penal por parte de las autoridades cubanas.
Estos cambios legales dan al gobierno de la isla más poder para reprimir a los líderes religiosos, especialmente a aquellos relacionados con grupos no registrados o los que se oponen directamente a la ideología comunista.
