Mientras el gobierno cubano promueve la consulta popular sobre el nuevo proyecto de Código de familias, la Fiscalía General de la República difundió en su sitio web un anteproyecto del Código Penal, que se aprobará en el Parlamento en abril próximo.
El documento prevé sanciones de privación de libertad de seis meses a un año para quien “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”.
Pero si el hecho “se realiza respecto al Presidente o Vicepresidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los demás miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República o al Presidente del Consejo Electoral Nacional, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años”, indica el nuevo código penal.
Defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa han denunciado que la nueva normativa afectará el ejercicio del periodismo en la isla, que podría ser considerado como propaganda contra el orden constitucional.
La sección quinta del anteproyecto prevé condenas de entre dos a cinco años de cárcel a aquellas personas que “inciten” o distribuyen material “contra el Estado socialista” y sanciones de entre cuatro a 10 años de cárcel si se utilizaran medios de comunicación para ese propósito.
Asimismo, el artículo 143 prevé sanciones de cárcel de cuatro a diez años para quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”, ya sea por iniciativa propia o en representación de “organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero”.
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), esa norma restringiría el acceso de los periodistas independientes a los fondos necesarios para realizar su trabajo.
Un reporte del diario La Nación indica que la CPJ llamó a la Asamblea Nacional del Popular de Cuba a rechazar la aprobación de ese artículo.
“En un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local, prohibir el financiamiento extranjero es una sentencia de muerte para el periodismo independiente”, declaró la investigadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, Ana Cristina Núñez, citada por la fuente.
