El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas dio plazo hasta el próximo 7 de febrero para que el gobierno cubano responda sobre las presuntas desapariciones de opositores tras las protestas del pasado 11 de julio.
De esta forma, la ONU responde a las denuncias sobre 187 “potenciales desapariciones forzadas” de cubanos que participaron en las masivas manifestaciones antigubernamentales, a las que las autoridades de la isla respondieron posteriormente con una ola represiva, la persecución y el encarcelamiento de activistas opositores, informó la agencia de noticias Efe.
La denuncia fue presentada en la ONU por la organización no gubernamental Cubanos por la Democracia, que se basa en el recuento de desaparecidos realizado por otra ONG pro derechos humanos, llamada Prisoners Defenders.
Con sede en España, Cubanos por la Democracia emprendió esa iniciativa con la quimera de que el gobierno cubano sea sancionado «por incumplir un acuerdo firmado» sobre las desapariciones forzadas, explicó a la fuente su secretario general, Julio Rodríguez.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU confirmó a la ONG que estaba actuando respecto a las denuncias.
En una carta enviada a Cubanos por la Democracia, el comité explica que solicitó al gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel información sobre el «número de personas cuya presunta desaparición hubiese ocurrido en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021«.
Asimismo, pidió a las autoridades cubanas datos sobre las «medidas adoptadas» para hallar a los desaparecidos, la investigaciones realizadas respecto al sensible tema y la cifra de personas localizadas tras ser reportadas como desaparecidas.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas hizo esas solicitudes a La Habana «tras el análisis de las alegaciones presentadas» por Cubanos por la Democracia y «otras fuentes», indica la fuente.
En medio de una profunda crisis económica y social agravada por la pandemia de COVID-19, Cuba vivió las mayores protestas contra el sistema desde el llamado Maleconazo, en 1994.
El 11J miles de cubanos tomaron las calles de varias ciudades de la isla para reclamar cambios políticos, mejoras en su nivel de vida y también como respuesta al elevado número de muertes por coronavirus que se producían en los hospitales, desbordados por la cantidad de contagios.
Con el pueblo en la calle, Díaz-Canel compareció en la televisión nacional para llamar a sus seguidores a hacer frente a los manifestantes.
“La orden de combate está dada”, dijo el mandatario, y sus palabras se tradujeron en una ola constante de represión que se expresa todavía en estas fechas, cuando cientos de jóvenes están siendo juzgados por delitos extremos como sedición en tribunales cubanos, y algunos de ellos esperan penas de hasta 30 años de cárcel, sólo por ejercer su legítimo derecho a la protesta pacífica.
