Ministro de Gobierno boliviano justifica expulsión de activista cubano sin presentar pruebas

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El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, justificó este miércoles la decisión de las autoridades migratorias de expulsar del país suramericano al activista pro derechos humanos Magdiel Jorge Castro, aunque no presentó pruebas contra el cubano.

“Cualquier ciudadano extranjero que venga a cometer faltas, contravenciones o delitos, debe tener las sanciones correspondientes. En Bolivia no va a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”, dijo Del Castillo.

Cuestionado por la prensa boliviana, el ministro añadió que los ciudadanos extranjeros que se asienten en territorio boliviano deben “cumplir la normativa legal vigente, si la Dirección General de Migración ha determinado que este sujeto ha incumplido las normas bolivianas, debe retirarse del país”.

Las autoridades migratorias de Bolivia decretaron la expulsión de Castro por el supuesto delito de “alterar el orden público” a través de publicaciones en redes sociales y le dieron un plazo de 15 días para abandonar el país andino.

Castillo dijo a los periodistas que su gobierno garantiza la libertad de pensamiento: “cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país, si un boliviano va a los Estados Unidos a opinar libremente contra su Gobierno, no lo puede hacer. Cualquier ciudadano debe estar sujeto a cualquier normativa más allá de sus fronteras”, subrayó. 

El cubano expuso que su activismo en redes sociales ha estado dedicado casi exclusivamente a denunciar las violaciones de los derechos humanos y la falta de democracia en Cuba, y aclaró que no ha expresado opiniones acerca de Bolivia ni se ha relacionado con agrupaciones o figuras de la política de ese país.

Asimismo, denunció que la Dirección General de Bolivia actuó en su contra siguiendo órdenes de la Seguridad del Estado cubano, lo que en su opinión siembra un “precedente nefasto” de utilización de instituciones públicas de un país democrático para coartar la libertad de expresión de un ciudadano extranjero.

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