El diario Granma reprodujo un texto de Cubahora que presenta como “ambicioso” el plan inversionista del Estado para 2026, respaldado —según esa versión— por 173.662 millones de pesos, con prioridad para alimentos, la reactivación industrial y el restablecimiento del sistema electroenergético, y con proyectos como la modernización de Antillana de Acero para producir 160.000 toneladas anuales de acero laminado, el cierre de inversiones en las cementeras 26 de Julio (Nuevitas) y la nueva planta Cementos Moncada (Santiago de Cuba), además de acciones en parques solares, termoeléctricas, acueducto, viviendas, biotecnología y, a la vez, reparaciones en hoteles del MINTUR y del grupo Gaviota.
El texto oficial, sin embargo, deja ver un detalle que cambia la lectura del “plan”: reconoce que el 95% del esfuerzo inversionista se concentra en “proyectos de continuidad”. Dicho en llano, no se trata de un salto nuevo, sino de la continuación —y por tanto la prolongación— de obras que vienen arrastrándose y que vuelven a entrar en el calendario como promesa de cierre.
Esa lógica se aprecia de forma nítida en el caso de la cementera 26 de Julio, en Nuevitas: en septiembre de 2023, Cubadebate reportó que la modernización tenía puesta en marcha prevista para diciembre de 2024; en enero y abril de 2025, medios oficiales locales seguían describiendo etapas de montaje estructural, eléctrico y terminación de obra civil; y ahora, en enero de 2026, el mismo objetivo vuelve a presentarse como algo que “debe concluirse este año”, con la meta de subir de 150.000 a 750.000 toneladas anuales. El plan, así, se apoya en reprogramaciones.
En energía, el propio texto de Granma menciona “49” parques solares fotovoltaicos “edificados” y anuncia más montaje y puesta en marcha en 2026. Pero la cobertura reciente sobre renovables muestra que las cifras y las metas han ido quedando por debajo de lo anunciado: OnCuba informó el 13 de enero de 2026 que el plan gubernamental preveía instalar 51 parques de 21,8 MW en 2025 y que, hasta ese momento, se reportaban 37. La diferencia no tiene por qué ser una contradicción técnica —pueden estar contando categorías distintas—, pero sí ilustra el problema central: los números aparecen como afirmaciones aisladas, sin una línea pública única que permita verificar qué está conectado al sistema, qué está en construcción, qué está terminado y, sobre todo, qué aporta de forma efectiva al déficit diario.
Ese contexto importa porque el plan se publica mientras el país sigue registrando apagones prolongados. En La Habana, El País describió cortes de hasta 12 horas en la semana previa al festival Jazz Plaza. Y en provincias como Matanzas, CiberCuba reportó denuncias de más de 40 horas consecutivas sin electricidad en el municipio de Colón. Con ese telón de fondo, el apartado energético del plan suena menos a hoja de ruta verificable y más a catálogo de intenciones: habla de “sostenimiento” del sistema en termoeléctricas, pero no precisa cronogramas por unidad, disponibilidad de combustible, ni el peso real de cada inversión sobre el déficit.
También llama la atención el reparto de prioridades que deja el propio texto: junto a alimentos, energía, agua y medicamentos, se incluye explícitamente la mejora de 21 hoteles del Ministerio de Turismo y 17 del Grupo Gaviota. No hace falta editorializar para constatar lo que eso significa en términos de agenda: el turismo vuelve a figurar como receptor de recursos en un documento que se presenta como respuesta a “las urgencias del país”. En la misma lógica, el plan fija metas de vivienda (terminar 5.370 en el sector estatal e iniciar/desarrollar 3.790) sin aclarar con qué insumos críticos se sostendrá esa ejecución en un escenario que el propio artículo describe como de limitaciones energéticas y financieras.
En resumen, el “ambicioso plan” que vende Granma está construido con datos y nombres de obras, pero su propia letra muestra que se apoya mayormente en continuidad de proyectos arrastrados, en metas repetidas y en cifras que, sin un sistema de seguimiento público, resultan difíciles de contrastar con la realidad diaria del servicio eléctrico y la producción industrial. El documento, tal como está publicado, funciona más como declaración de intención presupuestaria que como plan de ejecución medible.
