¿Tiene responsabilidad el gobierno cubano con el lucro que se ha destapado en Cuba con los medicamentos? Si retrasas medidas humanitarias y negocias el envío desde fuera, sí. Absolutamente.
El robo y la comercialización ilícita de medicamentos en Cuba parece ser un flagelo, o al menos confundirse con esa bola que, salida de un bate, pica y se extiende entre dos jardineros en cualquier juego de béisbol.
Por estos días hemos oído hablar del tema. Ha sucedido en Guantánamo. También en Ciego de Ávila t Matanzas. Ahora, «el turno al bate» le ha correspondido a Cienfuegos.
Según señala la periodista cienfueguera Marian Cabrera Ruiz, en un artículo titulado «Luchar por la vida, no lucrar con ella«, y aparecido en el diario oficialista 5 de Septiembre, «desde el pasado 26 de julio a la fecha en que se escribe este trabajo, quince cienfuegueros han resultado acusados de actividad económica ilícita (AEI), apropiación indebida o tenencia de drogas, por el manejo inescrupuloso de medicinas y/o insumos médicos, mientras otros ocho se encuentran pendientes a medidas administrativas».
La periodista critica «el ánimo de lucro desenfrenado» de personas que «ha encontrado en estas calamidades un área de jugosísimos dividendos».
En una nota donde destaca también «el incremento sustancial de graves, críticos, fallecidos y a la vez la muy tensa disponibilidad de medicamentos», la periodista Marian Cabrera Ruiz señala que es en «redes sociales como Facebook, WhatsApp y Messenger» donde se mueven estos merolicos; «donde se promociona la oferta y la demanda de medicamentos, se pactan precios, lugares y horarios de encuentro».
Revela el trabajo que, según información aportada por el Ministerio del Interior en la provincia, tras diversos operativos efectuados «se han ocupado 20 blísteres de Azitromicina, 29 bulbos de Rocephin y cantidades más reducidas de otros 45 medicamentos e insumos».
Mientras la mayor cantidad del primer antibiótico referido corresponde a importaciones realizadas por personas naturales, en los casos restantes sobresalen los de uso hospitalario.
El trabajo señala igualmente que han adquirido un precio exhorbitante medicamentos como la Azitromicina y el Rosephin. En el caso de la primera, el blíster de 3 pastillas se comercializa «entre los 1 800 y 6 000 pesos»; mientras que en el caso del bulbo de Rosephin, este se puede vender hasta en 6 000 pesos.
Luego de un mar de preguntas -y otras que no se hizo- la periodista señala con justeza que «los hechos resaltan por lo detestable que significa lucrar con el dolor y la enfermedad del prójimo en medio de una pandemia y de circunstancias objetivas marcadas por la escasez», para luego incurrir en inexactitudes tales como sugerir que en Cuba ese fenómeno no existe -y sí, existe, y cada día se entroniza más- y concluir que «es doloroso que una medida aprobada por el bien de la familia cubana, como lo es la flexibilización para importar alimentos, productos de aseo y medicamentos, sin carácter comercial, sirva de paraíso, no a la solidaridad y la generosidad, sino a la ambición y el oportunismo». Omite que el gobierno cubano adoptó esta medida muy tarde, y absolutamente bajo la presión ejercida desde afuera.
No se puede mencionar este último detalle sin hacer mención al hashtag que inundó las redes: #SOSCuba o a las declaraciones hechas por numerosas figuras mediáticas sobre la situación en la isla.
Muy probablemente si el gobierno cubano no hubiese tensado tanto la cuerda -vaya, para no decir que apretar la soga en el cuello del pueblo- los sucesos del 11 de julio no hubiesen tenido lugar o hubiesen ocurrido mucho después.
Es innegable poner las variables separadas en la ecuación. De haberse permitido esto mucho antes el lucro con los medicamentos -condenable desde todo punto de vista- tal vez no hubiese tenido tantas manifestaciones en tantos lugares del país. Si el gobierno cubano no pusiera condiciones a las ayudas, sino entorpeciera los esfuerzos de los grupos de activistas en el exilio, sino cuestionara los credos políticos de personas como Masiel Rubio, de seguro no hubiese un campo tan fértil en la isla como para lucrar con la salud humana.
Si el gobierno de Cuba no negociase tanto tiempo, al extremo de que casi se agota el permiso, para que avionetas de carga de los EE.UU. lleven ayuda humanitaria (alimentos y medicinas) a Cuba, de seguro serían menos los delincuentes, o el precio del Rosephin o la Azitromicina.
Tendrá que Marian Cabrera y el 5 de Septiembre replantearse la tesis central de un trabajo que afortunadamente se salva por la justeza de su denuncia: lucrar con la vida humana es deshonesto y criminal.
Pero, ¿acaso no lucra el gobierno de Cuba?
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