Las autoridades cubanas alegaron tratos corruptos entre la compañía CFR I, acreedora de su deuda externa, y funcionarios del Banco Nacional de Cuba para librarse de la demanda por impagos interpuesta por ese fondo de inversión ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.
La apuesta de la defensa de Cuba de señalar a CFR como un fondo buitre salió mal y las cortes británicas decidieron citar testigos a una vista que tendrá lugar en Londres en enero de 2023.
De acuerdo con documentos judiciales, la jugada de los representantes del gobierno cubano ante los tribunales de Reino Unido fue acusar al fondo de inversión con sede en Islas Caimán de haber pagado sobornos al director de Operaciones del Banco Nacional de Cuba, Raúl Olivera Lozano.
Según la defensa, los arreglos ilegales con funcionarios del principal banco del Estado cubano le permitió a CRF comprar deuda de Cuba a bajos precios.
La demanda por más de 72 millones de euros del fondo de riesgo contra el BNC y la República de Cuba, que data de febrero de 2020, está relacionada con el impago de deudas contraídas por la isla con las entidades financieras Crédit Lyonnais e Instituto Banco Italiano.
El gobierno cubano, reacio a cumplir con sus compromisos, se vio obligado a dar la cara bajo riesgo de que una solución del caso en favor del demandante podría acarrearle embargos de sus activos en el extranjero.
En absoluto secreto, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana juzgó a varios funcionarios del Banco Nacional supuestamente relacionados con sobornos en mayo de 2021, según informaron medios independientes cubanos.
La causa 38/2021 terminó con sentencia de 13 años de privación de libertad a Olivera Lozano por cohecho entre otros supuestos delitos, mientras la secretaria del BNC, María Teresa Compte y otra funcionaria de la cual se desconoce la identidad, fueron condenadas a cinco años de cárcel.
Asimismo, el presidente del BNC, René Lazo Fernández, recibió sanción de un año de privación de libertad por “incumplimiento del deber de preservar los bienes” de entidades económicas del Estado.
Pero esa no es la única demanda por impago que pesa sobre el gobierno de Cuba en cortes británicas.
El estatal Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), considerado una de las entidades bancarias más grandes del mundo, también acusó a la isla por el incumplimiento de sus obligaciones de liquidar antiguas deudas.
De acuerdo con una investigación publicada por el experto en inversiones alemán Swen Lorenz, quien ha seguido el proceso, en 2015 el ICBC se hizo cargo de las operaciones del Standard Chartered Bank en Londres y heredó la responsabilidad de representar a algunos de sus clientes que poseían viejos créditos cubanos.
Las reclamaciones contra la República de Cuba y su Banco Central (BCC) suman cerca de 200 millones de euros de capital de deuda principal y alrededor de 1.000 millones en intereses.
