Recientemente, el cubanoamericano Mario Echevarría vio cómo un tribunal federal falló a su favor en el juicio que mantenía contra la agencia de viajes Expedia, a la que acusó de beneficiarse económicamente de terrenos expropiados a su familia en Cuba tras el triunfo de la Revolución de 1959.
El veredicto contempla el pago de 29,8 millones de dólares en compensación y se encuentra amparado bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, reactivado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump durante su primer mandato.
Este fallo representa un hecho histórico, ya que es la primera vez que se lleva a cabo un juicio con jurado en un tribunal federal tras la reactivación de dicha ley.
En la resolución judicial se establece que las compañías Hotel.com LP, Hotels.com GP y Orbitz LLC, todas pertenecientes al grupo Expedia, gestionaron reservas a través de sus plataformas en línea en hoteles levantados sobre terrenos que fueron confiscados por el gobierno cubano tras la Revolución, hace casi siete décadas.
El jurado, bajo la presidencia del juez Federico Moreno, determinó una compensación de 9,95 millones de dólares para cada empresa, lo que representa un total de 29,85 millones de dólares. El dictamen especifica que Expedia no llevó a cabo una verificación para determinar si los hoteles ofrecidos en sus portales estaban ubicados en propiedades incautadas, lo que implica una infracción del Título III de la Ley Helms-Burton.
Entre los establecimientos hoteleros señalados en la demanda se encuentran el Iberostar Mojito, el Iberostar Colonial y el Pullman Cayo Coco, todos identificados por Mario Echevarría como parte del supuesto “tráfico ilícito de propiedades” que fue objeto de denuncia ante el tribunal.
“Las entidades demandadas lucraron ofreciendo reservas a clientes en estos hoteles. Admitieron que no hicieron investigación alguna sobre el origen de los terrenos”, indicó el juez Moreno, según declaraciones publicadas por el medio independiente Café Fuerte.
El origen del caso se remonta a 2019, cuando Echevarría, junto con otros ciudadanos cubanoamericanos como Enrique Falla y Angelo Pou, inició acciones legales contra Expedia, Booking y otras agencias de viajes por operar en propiedades expropiadas en zonas como Varadero y Santa Cruz del Norte. Aunque una corte federal desestimó varias de esas demandas en 2020, Echevarría continuó con el proceso y logró consolidar su demanda en 2023, obteniendo finalmente un resultado favorable.
