El gobierno cubano ha extendido la validez de la Certificación de Antecedentes Penales, mediante la Resolución 609/2023 del Ministerio de Justicia (Minjus), que entró en vigor este 30 de noviembre.
Según lo establecido, esta certificación, el único documento oficial legalmente válido para verificar si un individuo tiene o no antecedentes penales, tendrán una validez de un año contado desde su fecha de expedición.
Lo dispuesto precisa además que las certificaciones emitidas después del 1 de diciembre de 2022 podrán utilizarse hasta la fecha en que se complete un año de su emisión.
Vale recordar que este tipo de certificado es requerido para diversos trámites dentro y fuera de Cuba, por lo que es especialmente demandado por quienes quieren emigrar.
Hasta el momento, las certificaciones de Antecedentes Penales tenían una validez de seis meses, por lo que muchas veces se vencían al mismo tiempo que terminaban de ser legalizadas por los interesados en salir del país.
El propio Minjus admitió que hacía falta extender la vigencia de estos documentos porque así lo demandaban las dinámicas para resolver procesos penales y el notable incremento de solicitudes.
De acuerdo con las autoridades cubanas, que intentan simplificar los trámites para la población y reducir la carga de trabajo en el Registro Central de Sancionados del Minjus, las certificaciones “deben ser renovadas al expirar el plazo de validez”.
A la vez, se mantienen sin cambios los trámites para solicitar y legalizar la Certificación de Antecedentes Penales.
Este certificado puede ser solicitado por ciudadanos cubanos mayores de 16 años y extranjeros que residan temporal o permanentemente en la isla.
Si el mismo se utilizará en Cuba, el único costo asociado es el de los sellos de timbre por un valor de 5 pesos cubanos (CUP). Si es para usarlo en el exterior, su precio variará según donde resida la persona y el lugar donde pretenda emplearlo.
Por ende, si se hará uso del certificado en el exterior, pero es solicitado por cubanos o extranjeros que residen permanentemente en la isla, habrá que pagar 1,250 CUP más el sello por valor de 5 CUP.
Ahora, si la persona sobre la cual se expedirá la certificación reside fuera del país o no realiza el trámite personalmente, el servicio tendrá un valor de 1,250 CUP más 125 CUP en sellos.
Las solicitudes pueden hacerse presencialmente en las oficinas de trámites de las direcciones de Justicia de cada provincia y en las instituciones municipales vinculadas a las de La Habana, Artemisa y Mayabeque, y en el municipio especial de Isla de la Juventud.
Si solo serán empleadas en el territorio nacional, las certificaciones también pueden pedirse vía online a través del sitio web del Minjus, aunque para recogerlas habrá que ir en persona al establecimiento correspondiente, en un término de 72 horas hábiles después de hacer la solicitud.
Las certificaciones que se usarán fuera del país pueden ser solicitadas asimismo en las sucursales de Consultoría Jurídica Internacional o en los Bufetes Colectivos.
