Con las negociaciones Cuba-EE.UU. en marcha, los exiliados cubanos renuevan la esperanza de reclamar propiedades confiscadas, pero temen quedar fuera de cualquier acuerdo. Tal es el caso de Raul Valdes-Fauli, quien cree que el 2026 puede ser el año en que le devuelvan lo que le quitaron a su familia, que llegó de España en el siglo XVI y Fidel los echó a punta de metralleta en 1960.
Como él, son muchos los que conservan los títulos de propiedad, las fotos en blanco y negro y los libros con los nombres. Son los exiliados cubanos que esperan recuperar lo que la Revolución les robó.
Associated Press publicó este martes un reportaje desde Coral Gables que retrata con precisión el estado de ánimo de una comunidad que lleva décadas esperando: los exiliados cubanos y sus descendientes que reclaman propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.
Entre las historias que cuenta el reportaje está la de Raul Valdes-Fauli. Según su relato, en noviembre de 1960, un agente de la revolución entró al Banco Pedroso en La Habana con una metralleta y le dijo a su familia que se fueran del país.
Seis décadas después, Raúl cree que 2026 podría ser el año en que le devuelvan lo robado, aunque también tiene miedo pues cree que Trump podría dejarlo(s) fuera de las conversaciones. Tiene un antecedente inmediato: Venezuela. Allí, Trump negoció con los mismos que despojaron al pueblo, y eso no es alentador para él, aunque la esperanza se renueva tras las negociaciones entre Washington y La Habana.
El banco, la metralleta y la palabra «gusano»
Raul Valdes-Fauli es abogado y ex alcalde de Coral Gables. Su familia llegó de España a Cuba en el siglo XVI. En noviembre de 1960, un agente de la revolución castrista se presentó en el Banco Pedroso, propiedad de la familia en La Habana, con una metralleta, los llamó gusanos y los echó a la calle sin permitirles siquiera llevarse las fotos de las paredes.
«Les dijeron que ese era ahora el banco del pueblo», recordó Valdes-Fauli en declaraciones recogidas por AP. Sesenta y cinco años después, ese episodio ya no es solo historia familiar. Es una reclamación legal activa en un momento en que las negociaciones entre Washington y La Habana hacen pensar, por primera vez en mucho tiempo, que algo podría cambiar.
Cinco mil novecientas trece reclamaciones certificadas y miles más esperando
El problema legal es enorme. El Departamento de Justicia de EE.UU. certificó en 1972 un total de 5,913 reclamaciones por un valor de 1,900 millones de dólares, equivalentes a unos 10,000 millones en valores actuales. Entre los reclamantes hay corporaciones como ExxonMobil y Marriott International, cuyos activos fueron nacionalizados por Castro. Bajo la ley estadounidense, esas reclamaciones deben resolverse para restablecer plenamente las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba.
Más complicado aún es el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a exiliados demandar a cualquier empresa que haga negocios con propiedades confiscadas en Cuba. Trump levantó la suspensión de ese mecanismo en 2019, y desde entonces se han presentado unas 50 demandas, incluyendo una de ExxonMobil por 1,000 millones de dólares y otra de la empresa Havana Docks contra cuatro cruceros. El Tribunal Supremo de EE.UU. tiene dos de estos casos en consideración actualmente.
La esperanza y el miedo conviven
Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios Cubanos en el Exilio, lleva décadas asesorando a familias exiliadas sobre cómo documentar y presentar sus reclamaciones. Reconoce que durante años eso fue «predicar en el desierto.» Ahora el interés ha explotado, incluyendo entre jóvenes cubanoamericanos empresarios que nunca pisaron la isla pero llevan su herencia con orgullo y ven una oportunidad de inversión en una Cuba post-régimen.
Pero Gutiérrez también expresa el miedo compartido por muchos: que Trump, en su afán de llevarse el trofeo diplomático que eludió a doce presidentes anteriores, sacrifique las reclamaciones de los exiliados en aras de un acuerdo rápido con el régimen. «Trump no tiene reparos morales para hacer negocios con tipos malos,» reconoció en declaraciones a AP. «Pero sabe lo importante que esto es para nosotros, y eso nos da algo de confianza de que no nos venderá.»
El abogado especializado en leyes cubanas Robert Muse fue más directo sobre la complejidad: resolver las reclamaciones de cientos de miles de exiliados es «inviable» en términos puramente legales. El modelo más cercano sería el de los países de Europa del Este tras la Guerra Fría, donde compensaciones a los propietarios despojados contribuyeron al despegue económico posterior.
