El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cinco entidades y una persona, Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, vinculadas al Grupo de Administración Empresarial (Gaesa) y al control del régimen cubano sobre la economía.
De conformidad con la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, del 1 de mayo de 2026, la medida forma parte de la estrategia de Washington para frenar las actividades del régimen dentro y fuera de Cuba, por lo que castiga directamente a entidades de su red generadora de ingresos.
Al anunciar las nuevas sanciones a través de una publicación en X, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la situación en Cuba “se está deteriorando” mientras el gobierno continúa priorizando “su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”.
The situation in Cuba is devolving as the island’s corrupt, brutal and anti-American Communist regime continues to prioritize its own total control over the freedom, opportunity and basic wellbeing of the Cuban people.
The Cuban military-controlled conglomerate GAESA has…— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 23, 2026
Entre las entidades sancionadas están:
• Almacenes Universales S.A., filial de Gaesa, que controla el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo del Puerto del Mariel.
• RAFIN S.A., componente clave de gestión financiera de Gaesa.
• Banco Financiero Internacional S.A., conocido como BFI, absorbido por Gaesa en 2016 y usado para transacciones con entidades extranjeras dentro y fuera de Cuba.
• Geominera S.A., vinculada al sector minero cubano.
• Empresa Siderúrgica José Martí/Antillana de Acero, el mayor productor de acero en bruto de Cuba, modernizado con apoyo de entidades rusas.
También fue sancionada Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada como familiar adulta de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro.
Como resultado, quedan bloqueados los bienes e intereses de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíben transacciones con ellos, salvo autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
El golpe llega mientras La Habana intenta promover un paquete de casi 200 reformas económicas, que han sido calificadas por Washington como “señales de humo superficiales”.
El pasado 11 de junio fueron anunciadas sanciones contra la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo, “cuyos activos clave fueron expropiados ilegalmente a sus propietarios estadounidenses hace años”.
Una semana antes la administración Trump impuso nuevas sanciones contra el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y su hijastro Manuel Anido Cuesta, así como contra Alejandro Castro Espín y otros familiares y entidades vinculadas al régimen cubano.
Asimismo, el 7 de mayo de este año Estados Unidos sancionó directamente a Gaesa y a MOA NICKEL SA.
