Estados Unidos anunció la incautación del buque Verónica en el Caribe y lo vinculó a la evasión de sanciones petroleras. La operación sería la sexta interceptación desde diciembre.
Estados Unidos incautó el jueves 15 de enero de 2026 el petrolero Verónica en aguas del Caribe, una operación que las autoridades estadounidenses vincularon a la llamada “flota fantasma” asociada al transporte de crudo venezolano en violación de sanciones.
Fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien publicó un video del operativo y lo describió como ejecutado “de forma impecable” y “de conformidad con el derecho internacional”. En ese relato oficial, el Verónica habría transitado previamente por aguas venezolanas y habría intentado eludir la “cuarentena” o cerco impuesto a buques sancionados, un encuadre que busca presentar la incautación como parte de una campaña sostenida para cerrar rutas de evasión.
El anuncio llegó con un dato que amplifica la señal: según la cobertura de medios internacionales, este sería el sexto buque interceptado desde diciembre en el marco de esa ofensiva, lo que sugiere continuidad operativa y no un golpe aislado.
Noem fue citada afirmando que no hay forma de “eludir ni escapar de la justicia estadounidense”, una frase pensada para disuadir a redes de intermediación que se apoyan en cambios de bandera, apagado de transpondedores o transferencias barco a barco; un mensaje que apunta hacia armadores, aseguradoras y países de bandera: el margen para operar en zonas grises se reduce cuando la Guardia Costera y otras agencias asumen la interdicción como política sostenida y mediática.
En los últimos años, ese tipo de prácticas han sido asociadas por gobiernos occidentales a circuitos de sanciones no solo en Venezuela, sino también en otros escenarios, y la administración de Trump parece estar utilizando el Caribe como vitrina para exhibir capacidad de control marítimo.
Las incautaciones ocurren cuando Washington, simultáneamente, negocia carriles legales para parte del negocio petrolero venezolano. Esa coexistencia —interdicción por un lado, licencias y permisos por otro— configura un esquema de “control selectivo”, castigándose el circuito no autorizado mientras se habilita un flujo que responda a condiciones de Estados Unidos.
Interesadas en este flujo autorizado, acudieron a los EE.UU. en días pasados, petroleras como Repsol, ENI y otras, a fin de solicitar las licencias correspondientes al gobierno de EE.UU. para exportar crudo venezolano tras el giro de sanciones. Que tengan que ir a Washington a solicitar lo que debía autorizar Caracas ya nos dice mucho de cómo va la cosa actualmente
Este movimiento reabre la discusión sobre cómo se operará el crudo de Venezuela bajo el marco de sanciones impuesto desde 2019. Estas compañías buscan permisos para retomar exportaciones, en un contexto donde Washington ha endurecido el control marítimo y, al mismo tiempo, evalúa excepciones puntuales que permitan operaciones bajo supervisión. La solicitud de licencias se apoya en una lógica práctica: sin autorización estadounidense, las exportaciones se vuelven jurídicamente riesgosas, se bloquean pagos y se complican seguros, fletes y acceso a refinadores.
Reportes atribuidos a Reuters, replicados por servicios financieros, señalaron que además de Repsol y ENI, otras empresas como Maurel & Prom han pedido autorizaciones para exportar crudo, suministrar combustible y recuperar deudas, lo que sugiere que no se trata solo de “comprar petróleo”, sino de reordenar cuentas pendientes en un sector donde PDVSA ha operado durante años con restricciones. Muchas alianzas con la estatal venezolana combinan participación en proyectos con mecanismos de cobro en especie, y cuando Washington suspende licencias o limita operaciones, esa arquitectura se paraliza.
El muerto alante y la gritería atrás
En Venezuela el petróleo no es un sector más: es el sostén del poder. Por eso el margen real del Gobierno pasa por una sola cosa: negociar. Nadie regala petróleo. Ni Repsol, ni ENI, ni Chevron, ni ninguna otra compañía entra en ese juego por altruismo. El crudo se vende, se compra y se cobra, y si Caracas quiere mantener ingresos tiene que aceptar reglas que no controla del todo.
Desde el punto de vista venezolano, el objetivo es bastante directo: que el petróleo siga saliendo y que el dinero siga entrando, aunque sea en un contexto político inestable y bajo vigilancia externa. Para las petroleras europeas, el movimiento no es solo una apuesta de ganancias futuras, sino también una forma de proteger lo ya invertido. Exportar crudo permite recuperar deudas, destrabar pagos congelados y evitar abandonar proyectos que costaron años y millones, y de los que salir ahora tendría un precio alto.
Estados Unidos juega otra partida. No se trata únicamente de barriles y mercados, sino de control. Autorizar exportaciones puntuales puede aliviar tensiones de oferta y, al mismo tiempo, mantener a Venezuela atada a un marco que Washington diseña y supervisa. No es un levantamiento de sanciones, es una administración quirúrgica del acceso al negocio.
Lo que sigue siendo una incógnita es hasta dónde llega ese permiso. Todo dependerá de la letra pequeña: cuánto se puede exportar, a dónde, durante cuánto tiempo, cómo se paga y qué ocurre si se incumple. En ese escenario, la palabra clave no es apertura, sino autorización. No hay un grifo abierto: hay una válvula que se gira desde la Casa Blanca, y que puede cerrarse en cualquier momento.
Y esa «tecla política» es la que verdaderamente incomoda.
