Washington anunció asistencia humanitaria para Cuba tras el huracán Melissa y pidió al Gobierno cubano no interferir.
A la par, crece la presión energética y La Habana intenta sostener turismo y petróleo con México. Persisten dudas sobre la capacidad de Pemex para sostener envíos de petróleo a la Isla.
Estados Unidos anunció el jueves 15 de enero de 2026 el envío de tres millones de dólares en asistencia humanitaria para la población cubana afectada por el huracán Melissa y advirtió al Gobierno de La Habana que no debe interferir con la entrega.
Diversos medios, la mayoría enfocados en el tema «Cuba» reportaron que la ayuda, destinada a personas impactadas por el fenómeno que azotó la Isla en octubre, incluiría alimentos, medicinas y equipos básicos de emergencia, y que se canalizaría a través de organizaciones no gubernamentales, una fórmula diseñada para reducir la capacidad del Estado cubano de controlar, redirigir o capitalizar políticamente los recursos. El mensaje estadounidense fue explícito: la asistencia es para la población y no debe quedar atrapada en una disputa de soberanía administrativa.
La advertencia se produjo en un contexto donde cada gesto humanitario tiene lectura política.
Mientras esto sucedía, se informó que la Embajada de Estados Unidos en Cuba suspendía servicios el viernes 16 de enero por restricciones de acceso provocadas por un acto oficial organizado por el régimen, lo que subraya hasta qué punto la relación bilateral se mueve entre lo operativo y lo simbólico. La embajada anunció que ofrecería solo servicios de emergencia, una decisión que, aunque responde a un problema logístico, también actúa como indicador de tensión: el acceso físico a la sede diplomática queda condicionado por acciones del Estado anfitrión.
También, paralelamente, el portal 14ymedio daba cuenta de Estados Unidos lleva cerca de un año analizando un dispositivo adquirido de forma confidencial que podría estar relacionado con los episodios conocidos como síndrome de La Habana. Según informaciones divulgadas en medios estadounidenses, como CBS News y CNN, el equipo emite ondas de radio pulsadas y contiene componentes de origen ruso, aunque no sería de fabricación exclusivamente rusa. El aparato fue comprado con fondos del Departamento de Defensa en los últimos días del Gobierno de Joe Biden, por una suma superior a los diez millones de dólares, y sigue bajo estudio sin confirmación oficial sobre su vínculo directo con los incidentes de salud.
El llamado síndrome de La Habana afectó inicialmente a diplomáticos estadounidenses y canadienses y tuvo impacto directo en el deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana. Aunque Cuba negó cualquier responsabilidad y un informe oficial de inteligencia publicado en 2023 consideró poco probable la implicación de un actor extranjero, investigaciones periodísticas posteriores y críticas desde el Congreso reabrieron el debate sobre el posible uso de armas de energía dirigida, presuntamente vinculadas a estructuras de inteligencia rusas.
No está del todo claro si «el aparato», o que La Habana se apropie de la ayuda humanitaria enviada al pueblo de Cuba pueda influir en las futuras decisiones del gobierno de los EE.UU. hacia la isla, que ya de por sí vive un caos con su situación energética. Ayer 15 de enero, EFE sacaba a la luz un análisis sobre Pemex y la capacidad de México para sostener el suministro de petróleo a la Isla, señalando presiones y dudas sobre la viabilidad de esos envíos.
El rediseño del control petrolero sobre Venezuela —incautaciones de buques, licencias selectivas, presión estadounidense— repercute en toda la arquitectura de abastecimiento caribeña y específicamente en la isla, pues cuando el combustible escasea o se encarece, el impacto no es abstracto: se traduce en apagones, transporte limitado, caída de producción y más fricción cotidiana.
La combinación de ayuda humanitaria “por fuera” del control estatal y presión indirecta por la energía “por dentro” del sistema económico crea un dilema para La Habana. Si obstaculiza la asistencia, asume el costo político de bloquear recursos destinados a damnificados; si la permite sin condiciones, pierde parte del control narrativo que suele imponer en la distribución de apoyos externos. En lo energético, la ecuación es todavía más sensible: el Gobierno necesita combustible para sostener mínimos de estabilidad, pero depende de acuerdos externos que se vuelven más frágiles cuando la geopolítica se recalienta.
