Deportaciones serán pronto una realidad. Panamá prestará un aeropuerto y marines llegan a Guantánamo

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Las recientes decisiones de la administración del presidente Donald Trump han intensificado el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La llegada de marines estadounidenses a la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, y la colaboración ofrecida por Panamá para facilitar las deportaciones son acciones que podrían tener consecuencias significativas para miles de migrantes.

El Gobierno de Estados Unidos anunció que un contingente de marines ha arribado a la Base Naval de Guantánamo para apoyar en la expansión del Centro de Operaciones Migratorias.

Esta medida forma parte de la misión encomendada por el presidente Trump de albergar hasta 30,000 migrantes indocumentados en dichas instalaciones. Según declaraciones de Trump, la base recibirá a «los peores inmigrantes que amenazan a los estadounidenses», incluyendo a aquellos considerados peligrosos o con antecedentes criminales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha enfatizado que a los migrantes trasladados a Guantánamo se les «seguirá el debido proceso» y que la ubicación en territorio cubano es una ventaja para el gobierno estadounidense.

Paralelamente, tras la llegada del Secretario de Estado norteamericano a Centroamérica, como parte de su primera gira internacional, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha ofrecido al mandatario estadounidense la posibilidad de utilizar el aeropuerto de Metetí, en la provincia de Darién, como punto estratégico para facilitar la repatriación de migrantes hacia sus países de origen.

Este acuerdo permitiría un flujo ordenado de migrantes irregulares trasladados desde Estados Unidos, con los costos de las operaciones cubiertos por el gobierno estadounidense.

Mulino aclaró que este acuerdo no implica la presencia de fuerzas militares estadounidenses en Panamá, sino únicamente de funcionarios relacionados con el control de fronteras.

Estas acciones han generado diversas reacciones en la comunidad internacional. El gobierno cubano ha condenado la decisión de expandir la detención de migrantes en Guantánamo, calificándola de «brutalidad» y señalando que la base es un «territorio de Cuba ilegalmente ocupado». Por otro lado, algunos líderes latinoamericanos han mostrado resistencia a las políticas migratorias de Trump. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, inicialmente se negó a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos, aunque posteriormente accedió a recibir a los deportados.

En el ámbito interno, estas medidas han sido objeto de debate. Mientras que la administración Trump defiende la necesidad de medidas estrictas para garantizar la seguridad nacional, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos critican la dureza de estas políticas y advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

La expansión de las instalaciones en Guantánamo y la colaboración con países como Panamá para facilitar las deportaciones reflejan un enfoque más agresivo en la política migratoria de Estados Unidos. Sin embargo, estas acciones también plantean interrogantes sobre su impacto en la imagen internacional del país y las implicaciones éticas de tales medidas.

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