Una jueza envió a la prisión provisional sin fianza al famoso jugador brasileño Dani Alves por una presunta violación sexual en un club barcelonés el pasado 30 de diciembre.
El ex jugador del FC Barcelona declaró frente a la magistrada que investiga la denuncia por agresión sexual luego que declarara la denunciante que ha ratificado en su totalidad la denuncia.
La jueza abrió diligencias a raíz de una comunicación de Hospital Clínic, centro en el que fue asistida la víctima.
Cuando acabó su declaración, Alves volvió a los calabozos judiciales a la espera de que la jueza decidiera si aceptaba o no las medidas solicitadas por la fiscalía y la acusación particular. Al final, la magistrada acordó su encarcelamiento, dando credibilidad absoluta a la versión de la víctima y no a la del jugador, que negó la agresión sexual que presuntamente se produjo en el interior del lavabo de un salón privado.
La togada no sólo ha tenido en cuenta la credibilidad de la mujer que fue atacada sexualmente, sino que también considera que sus palabras han sido corroboradas por otras diligencias de investigación, como son los informes forenses, huellas dactilares, las cámaras de seguridad y las declaraciones del personal de la discoteca Sutton.
De acuerdo a El Periódico de Cataluña las fuentes consultadas aseguran que el deportista, que actualmente juega en el Pumas de México, entró en contradicciones durante su interrogatorio en los juzgados y en la comisaría de la policía, que lo detuvieron a primera hora de la mañana tras ser citado a declarar.
Dani Alves, que había negado cualquier encuentro con la joven en un vídeo enviado a Antena 3 hace dos semanas, este viernes ha cambiado su versión y ha asegurado que las relaciones fueron consentidas.
Fuentes de la liga mexicana han comentado que Pumas está analizando la continuidad en la plantilla de Dani Alvez, 39 años, el jugador con más trofeos junto a Lionel Messi aunque le falta el título de una Copa Mundial.
La jueza ha tomado la decisión de encarcelar al jugador brasileño al no tener un domicilio conocido en España y, por lo tanto, ante el riesgo de fuga y de sustracción de la justicia, así como su capacidad económica para poder fugarse y porque España no tiene convenio de extradición con el país sudamericano.
