El proceso judicial más mediático en el mundo del entretenimiento actualmente es el complejo caso entre el exreguetonero puertorriqueño Raymond Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, y su aún esposa, Mireddys González.
Aunque durante meses hubo rumores que apuntaban a su separación, la confirmación oficial de su divorcio tomó a muchos por sorpresa, especialmente por la magnitud de los procedimientos legales en torno a la división del considerable patrimonio que ambos construyeron durante casi tres décadas de matrimonio.
Recientemente, se llevó a cabo una audiencia urgente por videoconferencia debido al «desacato a lo acordado». Esto ocurrió después de que Mireddys González y su hermana, Ayeicha González, no comparecieran a una reunión previamente establecida para realizar la transición de Daddy Yankee como presidente de las corporaciones Los Cangris y El Cartel Records, además de no entregar los documentos requeridos para la sucesión.
El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, otorgó un plazo hasta el 31 de diciembre para que la representación legal de las hermanas González presente la documentación solicitada.
Además, deberán justificar transferencias por un total de 100 millones de dólares realizadas desde las cuentas bancarias corporativas de ambas empresas hacia cuentas personales, sin la autorización ni conocimiento del artista.
Este incidente ocurre tras el anuncio de Daddy Yankee sobre su separación de González, con quien comparte dos hijos y una relación de casi 30 años.
Según el medio El Vocero de Puerto Rico, el abogado del cantante expresó durante la audiencia: “Es importantísimo que nos den el acceso total de la contabilidad de la empresa. Si no está concretada, que la den esté como esté, no podemos permitir que siga esto y que la pongan al día y no sabemos quién la pone al día. El control va a estar bajo nuestro representado y nuestro representado tiene y necesita el control de la contabilidad completa para poder desarrollarla”.
Por su parte, la abogada de Mireddys González recordó al tribunal que su representada es 50% accionista de las empresas y que forma parte de la sociedad legal de gananciales establecida durante el matrimonio.
