Centenares de cubanos detenidos en Florida permanecen en un escenario de creciente incertidumbre migratoria que combina reclusión prolongada, denuncias de condiciones extremas y el temor constante a la deportación, incluso en situaciones médicas críticas. Tres historias recientes, documentadas por medios y testimonios directos, dibujan un panorama marcado por el encierro, la falta de información oficial y decisiones migratorias que mantienen a familias enteras en vilo.
En el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, se encontrarían recluidos entre 700 y 800 ciudadanos cubanos, muchos de ellos trasladados desde otros estados del país. Según testimonios recogidos a través de llamadas telefónicas con detenidos y familiares, la mayoría no ha recibido explicaciones claras sobre su estatus legal ni sobre los próximos pasos en sus procesos migratorios. Algunos aseguran que las autoridades les han dicho directamente que “no van a pisar la tierra americana” y que podrían ser enviados a lugares como la base naval de Guantánamo, México o incluso países africanos.
Las denuncias sobre las condiciones de reclusión se repiten y coinciden en su gravedad. Abel Ducanses Ceballos, detenido desde el 5 de diciembre, describió el lugar como un espacio sin condiciones mínimas de vida, con agua potable en mal estado, brotes de sarna y hacinamiento extremo. Los detenidos aseguran vivir en jaulas con entre 27 y 32 personas, dormir en literas y tener acceso limitado a duchas y a la higiene básica apenas tres veces por semana. La temperatura, según relatan, se mantiene a niveles muy bajos, lo que agrava el deterioro físico de quienes permanecen allí durante semanas o meses.
Otros reclusos, como Endy Castillo, quien afirma llevar casi un mes detenido pese a haber vivido más de 20 años en Estados Unidos, comparan el centro con un campo de concentración o una celda de castigo. Denuncian que la atención médica es tardía, que no hay medicamentos adecuados y que las comidas son repetitivas, frías y de mala calidad. También alertan sobre riesgos de seguridad, como la ausencia de extintores en caso de incendio y la falta de privacidad incluso para necesidades básicas.
Entre los detenidos hay personas de edad avanzada y casos especialmente sensibles. Algunos llegaron a Estados Unidos siendo niños durante el éxodo del Mariel y llevan más de tres décadas en el país, con vínculos familiares y sociales consolidados. Otros aseguran haber cumplido plazos de detención sin que se materialice su liberación ni se les informe sobre su destino, lo que ha profundizado la sensación de limbo migratorio y abandono institucional.
Mientras tanto, fuera de los centros de detención, el miedo a una separación forzada también atraviesa a familias cubanas con procesos migratorios abiertos. Es el caso de Alejandro Cuevas, un cubano de 36 años que hace apenas cuatro meses recibió en Miami un trasplante multivisceral que involucró cinco órganos, una cirugía de altísima complejidad realizada en el Hospital Jackson Memorial. Alejandro llegó a Estados Unidos en 2022 buscando una atención médica que en Cuba no existía para su condición, marcada por una mutación genética y tumores abdominales que ponían en riesgo su vida.
Aunque Alejandro obtuvo parole humanitario debido a su estado crítico, su esposa Yaisely, su única cuidadora y responsable de su atención diaria, permanece bajo el estatus migratorio I-220A. Esa situación la expone a una posible detención o deportación, un escenario que, de concretarse, pondría en peligro directo la recuperación del paciente. Ambos han expresado públicamente su temor a cualquier contacto con autoridades y la ansiedad constante que implica vivir con un proceso migratorio sin resolver.
Una audiencia reciente en una corte federal abrió una posible vía de esperanza para miles de cubanos con I-220A, aunque abogados de inmigración han pedido cautela y evitar interpretaciones anticipadas. Mientras los tribunales analizan el alcance de esa decisión, casos como el de Alejandro y Yaisely, y las denuncias que emergen desde Alligator Alcatraz, reflejan un mismo hilo conductor: la fragilidad extrema de la vida cotidiana cuando el estatus migratorio se convierte en una amenaza permanente.
Familiares y activistas reclaman información clara, acceso efectivo a abogados y respeto al debido proceso, en un contexto donde la detención prolongada, las condiciones denunciadas y el temor a deportaciones aceleradas han convertido la espera en una forma de castigo en sí misma.
