El gobierno cubano está confiscando la mayor parte del salario que reciben sus ciudadanos cuando trabajan legalmente en Canadá en empresas vinculadas al régimen, según revelaron dos exempleados entrevistados por CBC News. Estas prácticas se reportan principalmente en operaciones de la minera canadiense Sherritt International, que mantiene desde hace más de tres décadas joint ventures con Cuba para la extracción y refinado de níquel y cobalto.
Los trabajadores cubanos asignados a estas misiones profesionales —unos seis en la refinería de Fort Saskatchewan (Alberta) y varios más en una oficina de ventas en Bahamas— son seleccionados previamente por su lealtad política al Partido Comunista.
Una vez en el extranjero, reciben salarios canadienses que pueden superar los 90.000 dólares canadienses al año, pero apenas se les permite conservar entre 460 y 600 dólares mensuales para su subsistencia, dependiendo del destino. Todo el resto del dinero debe ser transferido a una cuenta controlada por el Estado cubano, práctica que, según un juez brasileño en un caso anterior, equivale a “trabajo esclavo”.
Los exempleados consultados entregaron a CBC recibos de transferencias y talones de pago que muestran que hasta el 84% de sus ingresos netos eran retenidos por el régimen. Con el dinero que se les permite conservar, relatan que sobreviven comprando alimentos en tiendas de descuentos, asistiendo a bancos de comida y adquiriendo ropa y otras necesidades en ventas de garaje.
Además de la confiscación salarial, describen un sistema de vigilancia política permanente: controles sobre su movilidad, limitaciones para relacionarse con canadienses, monitoreo de acceso a información en internet y la obligación de asistir a talleres ideológicos y enviar reportes sobre su conducta y la de sus colegas. Cualquier señal de disconformidad —dicen— implica un castigo inmediato: cancelación de la misión y regreso forzoso a Cuba, donde son marcados como “desleales”.
Sherritt negó a CBC cualquier participación en estas prácticas y afirmó que respeta plenamente las leyes laborales de Canadá. Los trabajadores señalan que es el gobierno cubano, representado por ejecutivos también de nacionalidad cubana, quien administra y aplica este esquema de explotación.
Expertos como la investigadora cubana Maria Werlau, citada por CBC News, consideran que el régimen actúa como un intermediario que “alquila” a sus ciudadanos al extranjero para quedarse con sus salarios, lo que se ajusta a definiciones internacionales de trata laboral. Sin embargo, el temor a represalias limita las denuncias formales ante las autoridades canadienses, dificultando que el sistema de protección laboral pueda activarse.
El reportaje de CBC News llega en un momento particularmente crítico para Cuba. Durante 2025, varios gobiernos y parlamentos en América Latina y Europa han comenzado a investigar las llamadas “misiones internacionalistas” —sobre todo en el sector médico— tras denuncias de confiscación salarial, vigilancia ideológica y restricciones a la libertad de movimiento de los profesionales enviados al extranjero.
De México a Uruguay, pasando por Chile y España, crece el consenso de que el modelo de exportación de servicios que La Habana presenta como cooperación y solidaridad se sostiene, en realidad, sobre mecanismos de coerción y control que violan principios básicos de los derechos laborales.
Que esos mismos patrones de explotación se estén reproduciendo silenciosamente en territorio canadiense, un país que presume de estándares laborales avanzados, expone una contradicción incómoda para Ottawa: mientras cientos de miles de cubanos huyen del autoritarismo en busca de dignidad y autonomía, el régimen cubano sigue encontrando fórmulas para lucrar con el trabajo de sus ciudadanos más allá de sus fronteras. Y el costo humano —como recuerdan los exempleados que hablaron con CBC— lo pagan siempre los mismos: los trabajadores que soñaron con una vida mejor y descubrieron que la vigilancia y el miedo también viajan con pasaporte diplomático.
