El Toque Jurídico pudo confirmar que el régimen de Cuba, a través de sus agentes de la Seguridad del Estado, ejerció «presiones y amenazas sobre abogados de La Habana, Cienfuegos y Villa Clara para evitar que defiendan a personas acusadas por participar en las protestas; así, pueden juzgarlos sin representación legal».
En un artículo publicado este 21 de julio, El Toque Jurídico, «un proyecto de educación jurídica para la ciudadanía cubana (…) que integra expertos juristas con comunicadores y otros actores sociales,» se resume parte de lo sucedido con relaciones a la celebración en la isla de «juicios ‘sumarios’ para sancionar a participantes en las protestas del 11 de julio por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir», en los que, a los acusados, se les ha impedido disponer de abogados defensores.
Así le sucedió a Anyelo Troya González, artista visual y fotógrafo cubano. Anyelo fue detenido cuando tomaba fotografías de las protestas en La Habana. Arrestado, luego fue conducido a una estación policial y juzgado, menos de diez días después en un juicio sumario junto a otros jóvenes, sin sin previo aviso a la familia y sin la participación del abogado a quien habían contratado.
Al parecer, un abogado de oficio estuvo en la asesoría del joven, pero este detalle se desconoce. Como se sabe, la mayoría de estos abogados de oficio no solo carecen de los conocimientos que un letrado experto y contratado por la familia pudiera aportar a la defensa, sino que a menudo son manipulados por el régimen, y hasta chantajeados. Esto es lo que denuncia ahora El Toque Jurídico.
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Según el proyecto, como el sistema se ha visto obligado a juzgar por «desórdenes públicos», en juicios sumarios que llevan la etiqueta de «ejemplarizantes», habrían hasta usado «abogados» militares. O peor, como ha denunciado el periodista Juan Juan Almeida: abogados falsos.
El Toque Jurídico alerta que este manejo «express» de los casos contra los detenidos «es un mecanismo que, además, han decidido complicar con la falta de transparencia en el manejo de la información de cada uno de los casos».
El proyecto denuncia que, «como sucedió con Anyelo, cada vez se conocen más testimonios de familiares de detenidos a quienes los oficiales del Ministerio del Interior pelotean, desinforman o niegan el acceso a datos —como el número de los expedientes, las fechas y lugares de los juicios—».
Los téntaculos del gobierno y la injusticia no quedan ahí.
«Para sumar mayor desprotección a las personas detenidas, las autoridades presionan y entorpecen las acciones de los abogados pertenecientes a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), la única institución a través de la cual un letrado puede representar a ciudadanos en procesos legales,» explica el texto.
Y añade:
«ElTOQUE Jurídico ha podido confirmar presiones y amenazas sobre abogados de La Habana, Cienfuegos y Villa Clara para evitar que defiendan a personas acusadas por participar en las protestas; así pueden juzgarlos sin representación legal,» señala más adelante y cita una fuente de un bufete colectivo del municipio Playa, en la capital, quien reveló «que una vez recibida la solicitud de un familiar para representar a un detenido, tienen que pedir permiso a la Dirección Provincial de la ONBC y esta, a su vez, a la Junta Nacional, con los datos del acusado y el delito, para que a ese nivel decidan si el abogado puede o no defender al acusado».
«Tamaño nivel de burocratismo solo busca entorpecer y ralentizar el nombramiento de letrados defensores en procesos donde el tiempo de reacción de la defensa es fundamental. Para cuando un abogado es nombrado, es probable que el juicio esté ocurriendo o ya se haya celebrado, como en el caso de Anyelo Troya,» expresa el medio que confirma que en Cuba existe cualquier otra cosa, pero NUNCA, un Estado de Derecho.
