Podemos y es legítimo, cuestionar cómo EE.UU. sacó a Maduro de Miraflores, pero no el por qué. Podemos lamentar las 32 muertes de cubanos durante el ataque, pero NADA de eso hubiese sucedido, si no se hubiese robado unas elecciones.
La discusión sobre “injerencias” en Venezuela suele arrancar por el final, como si el país hubiera despertado un día con helicópteros sobrevolando Caracas y con la geopolítica ya servida. Pero el punto de partida importa, y es incómodo: Nicolás Maduro se aferró al poder después de unas elecciones cuestionadas, sin despejar la duda central que pedía la oposición y pedían observadores y redes de integridad electoral: publicar las actas completas.
Un año después de aquellos comicios de julio de 2024, medios públicos europeos como RTVE y El País seguían señalando lo mismo: las actas no se habían publicado, y la controversia seguía intacta. En enero de 2025, cuando Maduro se juramentó, la crítica internacional volvió al mismo punto: proclamación sin mostrar las pruebas del triunfo.
Ese es el “por qué llegamos aquí” que muchas lecturas ideológicas prefieren saltarse. No porque la intervención externa sea un asunto menor, sino porque la secuencia se invierte a conveniencia: primero se condena el desenlace y después se borra el fraude como causa política. Y cuando se borra el fraude, también se borra lo que vino con él: la represión que sostuvo ese cierre.
En los meses siguientes a la elección disputada, la represión dejó un saldo que organizaciones y prensa internacional han documentado con nombres y patrones. Le Monde, desde Francia, reportó que tras las protestas posteriores a los comicios, al menos había 24 muertos y más de 1.500 detenidos para finales de agosto de 2024, en un contexto descrito como una ofensiva inédita contra opositores, manifestantes y voces críticas. Ya entrando en 2026, Reuters informó de liberaciones parciales de detenidos de esas protestas, pero subrayó que organizaciones de derechos humanos seguían estimando alrededor de 900 presos políticos en el país, mientras el gobierno negaba que existieran como categoría.
Si el foco se amplía más allá de la coyuntura electoral, la fotografía se vuelve más dura. En 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe que documentó 66 muertes en protestas entre enero y mayo de ese año, 52 atribuibles a fuerzas de seguridad o a colectivos progobierno. Ese mismo texto recogió cifras oficiales del propio Estado: 5.287 personas asesinadas en 2018 en el marco de “operaciones de seguridad” bajo la fórmula de “resistencia a la autoridad”, y otras 1.569 entre enero y el 19 de mayo de 2019. La ONU advirtió que otras fuentes sugerían números aún mayores.
El encarcelamiento político también tiene trazabilidad. Foro Penal, una de las organizaciones que más sistemáticamente registra detenciones por motivos políticos, ha hablado de miles de arrestos a lo largo de los años. En enero de 2025, por ejemplo, se citaba un balance acumulado de 18.185 detenciones políticas registradas por la ONG desde el inicio de su labor, además de un conteo de presos políticos vigente en ese momento, señala El Huffington Post.
Nada de esto convierte en “buena” cualquier acción externa, ni limpia responsabilidades ajenas. Lo que hace es devolverle al debate un orden mínimo: antes de discutir cómo cayó Maduro, y discutir los 32 cubanos muertos, cuyos nombres ni siquiera han sido dados a conocer, hay que aceptar por qué su permanencia se volvió insostenible para tantos venezolanos y quién sería, en buena medida y primera, el verdadero responsable de esas muertes. Hubo una elección disputada, hubo actas que nunca se mostraron y hubo represión como respuesta. Si se empieza por ahí, las palabras “injerencia”, “violencia” y “soberanía” dejan de ser consignas y vuelven a tener contenido.
