Venezuela está abriendo una escena que todavía no sabemos cómo termina. Pero en Cuba, donde el futuro se discute más en voz baja que en tribunas, la posibilidad de que la prosperidad venga asociada a relaciones menos tóxicas con Estados Unidos es una idea que, una vez puesta sobre la mesa, no se desinvita fácilmente.
El 14 de enero de 2026, Donald Trump dijo que sostuvo una llamada “larga” con Delcy Rodríguez, a quien calificó como una persona “terrific”/“fantástica”, y presentó el intercambio como parte de un avance “extraordinario” en la relación bilateral, con el petróleo como eje visible. Delcy Rodríguez también describió la conversación como extensa y productiva.
La escena es nueva, o al menos suena a nueva: Washington hablando en público de petróleo, minerales, comercio y “seguridad nacional” con Caracas, y Caracas respondiendo con el lenguaje típico de transición controlada, liberaciones parciales y promesas de “nuevo momento político”.
Más allá del vértigo venezolano, el dato que importa en La Habana no es el detalle de la llamada, sino el mensaje político implícito: Estados Unidos puede sostener una política dura, incluso de máxima presión, y al mismo tiempo abrir una vía pragmática si cree que hay una ganancia estratégica y un interlocutor funcional.
Esa lógica —premiar resultados, no afinidades ideológicas— es la que podría “sembrar” una pregunta incómoda en el poder cubano y una esperanza tentadora en la calle: si un camino de estabilización y prosperidad se abre para Venezuela bajo un entendimiento con Washington, ¿por qué Cuba no podría beneficiarse de algo parecido?
El espejo, sin embargo, tiene límites. La relación de Estados Unidos con Cuba está atada a una arquitectura legal que no depende solo de gestos diplomáticos o de la voluntad de un presidente. En particular, desde la Ley Helms-Burton, el Ejecutivo no puede levantar el embargo por sí mismo: se requiere legislación del Congreso y, además, el marco fija condiciones vinculadas a un proceso de transición democrática en la isla. Eso hace que “no hubiese embargo” no sea una consigna, sino un escenario político de alta complejidad que exige cambios verificables y acuerdos internos en Washington.
Aun así, la idea de “una Cuba en estas condiciones” —relaciones normales, menos restricciones financieras, más comercio y viajes— tiene literatura acumulada y estimaciones concretas. La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (USITC) y otros estudios han analizado cómo las sanciones y restricciones limitan el intercambio y cómo, en escenarios de apertura, podrían crecer exportaciones, turismo y flujos de servicios. En un documento del USITC se explica que el tamaño del salto dependería de factores internos cubanos —capacidad de pago, reglas para la inversión, reformas—, pero reconoce que el fin de restricciones abre espacio para comercio, remesas, turismo y potencial inversión.
En el caso cubano, el impacto práctico no se reduce al “comercio” en abstracto. La isla ya compra alimentos a Estados Unidos bajo excepciones creadas desde 2000, pero con limitaciones que encarecen y traban: pagos en efectivo por adelantado, prohibiciones de crédito y un entorno financiero donde cualquier operación puede volverse riesgosa por cumplimiento y sanciones. Incluso cuando hay permiso formal, la logística bancaria y el costo de transacción terminan funcionando como mordaza.
Si el candaro se aflojara
Si ese candado se aflojara, el salto más visible sería el de la conectividad económica cotidiana: acceso a financiamiento, menor “prima de riesgo” para terceros, y un entorno más normal para inversiones e importaciones de tecnología e insumos. Estudios académicos y de análisis público han señalado que las sanciones tienden a afectar crecimiento del PIB, inversión extranjera y estabilidad financiera, y que su efecto se amplifica cuando restringen el vínculo con el sistema financiero y comercial dominante. Cuba, que importa una parte sustancial de lo que consume y necesita divisas para sostener servicios e infraestructura, sería especialmente sensible a cualquier normalización del acceso a mercados y pagos.
Por eso, el “camino” que algunos cubanos podrían mirar en el caso venezolano no es un modelo político, sino una secuencia: negociación, alivio de tensiones, apertura de compuertas económicas y un mínimo de previsibilidad para invertir, producir y comerciar.
La prosperidad, si llega a Venezuela, no será automática ni gratuita: dependerá de reglas internas, seguridad jurídica y reconstrucción institucional. Pero el solo hecho de que Washington esté ensayando un canal directo con Caracas —mientras mantiene su propia narrativa de presión— activa inevitablemente la comparación con La Habana, donde la política oficial ha convertido la hostilidad con Estados Unidos en parte del paisaje, y donde el costo social de ese paisaje se mide todos los días en apagones, escasez y migración.
Esa “semillita de deseos” no tiene por qué ser proestadounidense para ser política. Puede ser, simplemente, un deseo de normalidad: que las reglas permitan trabajar, producir, viajar, emprender y negociar sin que cada transacción dependa de un permiso, una sanción o un miedo.
Venezuela está abriendo una escena que todavía no sabemos cómo termina. Pero en Cuba, donde el futuro se discute más en voz baja que en tribunas, la posibilidad de que la prosperidad venga asociada a relaciones menos tóxicas con Estados Unidos es una idea que, una vez puesta sobre la mesa, no se desinvita fácilmente.
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