Kilmar Abrego García sigue encerrado. Su familia, sus abogados, y hasta algunos senadores demócratas piden respuestas. Pero ni Trump ni Bukele se mueven. Uno dice que “eso no es asunto de Estados Unidos” y el otro finge no tener opciones. Es una simulación de responsabilidad, un juego cínico de “yo no fui”, mientras un hombre inocente paga el precio de la propaganda y el ego político.
Drama judicial, espectáculo político y una – la más – descarada indiferencia institucional. De todo esto y más hay en el caso de Kilmar Abrego García; un caso que ha puesto al descubierto las grietas más profundas del sistema migratorio estadounidense y la supuesta “independencia” entre poderes del Estado. Un caso que se suponía enfrentaría a Nayib Bukele con Donald Trump. O que al menos, el primero y el segundo se pondrían de acuerdo para devolver a este hombre con su familia en los EE.UU.
El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de que una orden judicial le protegía expresamente de ser devuelto a su país natal. Lo que siguió fue una tragicomedia internacional donde el protagonista no encuentra quién lo rescate, y donde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha lavado las manos al mejor estilo de Poncio Pilatos, mientras Trump «espera».
Abrego García, padre de tres hijos, había sido protegido de la deportación a El Salvador en 2019 por un juez de inmigración que determinó que su vida corría peligro si regresaba, debido a amenazas de pandillas vinculadas con el negocio familiar de pupusas. La orden permitía su expulsión solo si era a un tercer país seguro. Sin embargo, en marzo fue detenido y enviado a El Salvador, directamente al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido por sus condiciones extremas y por ser un símbolo del autoritarismo punitivo de Bukele.
Inicialmente, la propia administración Trump reconoció que la deportación fue un “error administrativo”. La Corte Suprema coincidió y calificó la remoción de ilegal, ordenando al gobierno estadounidense “facilitar” su retorno. Pero lo que parecía una orden clara, pronto se convirtió en una danza semántica donde “facilitar” significa todo y nada a la vez.
“No lo vamos a devolver”: Bukele se hace el inocente
Durante un encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump, Bukele fue tajante: “No vamos a liberar terroristas”. Acto seguido, sugirió que devolver a Abrego García sería como “contrabandearlo a Estados Unidos”. Una afirmación absurda, teniendo en cuenta que, si algo no falta en esta historia, es cooperación logística entre ambos gobiernos: Estados Unidos ha pagado millones de dólares para que El Salvador encierre a deportados en su supercárcel.
El Salvador puede devolver a Abrego García. Lo ha hecho antes con otros casos. Pero Bukele, que disfruta de su imagen de idolatrado sheriff moderno, y de buen presidente a los ojos de Trump y del mundo, prefiere quedar como el defensor férreo de su cruzada anticriminal, incluso si el detenido no tiene antecedentes penales en ninguno de los dos países y la única “prueba” de su pertenencia a una pandilla es un chisme anónimo y una gorra de los Chicago Bulls.
Aquí hay un detalle interesante, y es cómo la narrativa en el «boca a boca» se ha tergiversado. De ser protegido por temor a las bandas, erróneamente ha circulado que perteneció a las bandas. Que incluso «fue juzgado» por eso. Todo un despropósito de desinformación y de mentiras a las que Nayib Bukele le puso una cereza de adorno: es terrorista. Pero nadie, ahí mismo, lo desmintió. Entonces, ¿para qué la prensa reunida? ¿Para hacer preguntas nada más? ¿O acaso los medios temen perder su acceso a la Casa Blanca?
Del otro lado del escenario, Donald Trump no ha querido, o no ha podido, exigir la devolución de Abrego García.
“Si El Salvador quiere devolverlo, nosotros facilitamos el avión”, dijeron su Fiscal General Pam Bondi y el asesor Stephen Miller, sin ruborizarse. Lo que no hicieron fue pedir formalmente esa devolución. Es decir: el gobierno que lo deportó erróneamente, ahora se limita a mirar el calendario mientras el hombre sigue preso en una cárcel que más parece un escaparate político que una institución de justicia.
Toda una lanzada de la papa caliente a Bukele… Y todavía Marco Rubio, sabiendo que este a todas luces fue un error que atañe resolver al sistema de justicia, presionado por Donald Trump para que dijera algo, expresó que esto era «un asunto de política exterior, y que la política exterior de los EE.UU. la decide el gobierno de los EE.UU. y no los jueces». Argumentos mejores dijo, siendo adolescente, en aquella escuela de Hialeah en la que estudió y fue estudiante destacado.
Al parecer Marco actuó inspirado en lo dicho por el Tribunal Supremo de los EE.UU., que en su declaración sobre este caso dejó claro que se debía actuar con “deferencia hacia el Poder Ejecutivo” en lo que respecta a política exterior. Trump y sus funcionarios, Rubio incluido, al parecer lo han interpretado, o lo interpretaron, como “hagan lo que les parezca”, y convirtieron esa deferencia en impunidad. Argumentaron que no pueden obligar a un país soberano a liberar a alguien. Pero la realidad es esta: ni siquiera lo están intentando.
Esta falta de intentos o sugerencias luce insólita, si tenemos en cuenta que, a pesar de la soberanía de El Salvador como país, Bukele luce especialmente interesado en agradar a los Estados Unidos. En no mitigar, mucho menos contradecir, lo que diga Donald Trump. Si tenemos en cuenta que su esposa es defensora de los derechos de las mujeres, y que él ha estado al lado de sus logros; que además es un presidente bien informado, no se entiende cómo solo se limitó a decir «Eso es violencia», cuando Trump, cual niño chico sin argumentos habló de «Hombres boxeando contra mujeres». Si eso es violencia, también es decir que a las mujeres «you can grab them by the pussy». Right, Donald?
El caso de Kilmar Abrego: un precedente peligroso
Los jueces liberales del Supremo, entre ellos Sonia Sotomayor, han advertido que esta actitud abre la puerta a una distopía legal donde cualquiera —ciudadano o no— puede ser desaparecido por una orden administrativa y arrojado a un limbo sin consecuencias legales. “El gobierno está actuando como si pudiera encarcelar o deportar a cualquier persona antes de que un tribunal pueda intervenir”, escribió Sotomayor en su opinión concurrente.
El mensaje que se desprende del caso Abrego García es claro: si el gobierno puede ignorar órdenes judiciales, si puede reinterpretarlas a conveniencia, y si nadie —ni siquiera la Corte Suprema— puede frenar esa arbitrariedad, entonces el sistema de frenos y contrapesos ha dejado de existir. La Constitución pasa a ser un decorado, útil para discursos pero irrelevante en la práctica.
Este caso también revela una dinámica más siniestra: Estados Unidos está financiando la construcción de un Gulag centroamericano, y utilizando a gobiernos como el de Bukele para externalizar la represión sin tener que enfrentar escrutinio judicial ni mediático. Una subcontratación de la violación de derechos humanos.
La jueza federal Paula Xinis sigue exigiendo actualizaciones diarias sobre los esfuerzos para traer de vuelta a Abrego García. Pero lo que recibe son evasivas, documentos que afirman que “ya no es elegible” para protección porque —según ICE— pertenece a la MS-13, una afirmación que jamás fue corroborada en juicio y que el propio sistema judicial estadounidense había desestimado años atrás.
Mientras tanto, Abrego García sigue encerrado. Su familia, sus abogados, y hasta algunos senadores demócratas piden respuestas. Pero ni Trump ni Bukele se mueven. Uno dice que “eso no es asunto de Estados Unidos” y el otro finge no tener opciones. Es una simulación de responsabilidad, un juego cínico de “yo no fui”, mientras un hombre inocente paga el precio de la propaganda y el ego político.
El mensaje de Donald Trump en Truth Social no ha podido ser peor. Más que un pronunciamiento presidencial, parece un panfleto incendiario escrito con rabia electoral y con desprecio absoluto por la verdad judicial y los principios constitucionales.
Al referirse a Kilmar Abrego García como “el supuesto ‘padre de Maryland’” y tacharlo sin pruebas de “terrorista extranjero y miembro de la MS-13”, Trump no solo distorsiona el caso de Abrego —quien ni siquiera ha sido acusado penalmente en EE.UU.—, sino que manipula el dolor real por la muerte de la estadounidense Rachel Morin a manos de un migrante, para justificar su narrativa xenófoba.
Su pronunciamiento utiliza el luto como herramienta de propaganda y oculta que, en lugar de defender la ley, su gobierno violó una orden judicial y deportó ilegalmente a un hombre protegido por ella. Mientras clama por proteger a mujeres estadounidenses, ignora por completo el derecho al debido proceso y convierte a un migrante en chivo expiatorio de campaña, demostrando que su compromiso no es con la justicia, sino con el espectáculo.
Bukele, mientras, podrá seguir diciendo que convirtió a El Salvador en el país más seguro del hemisferio. Trump podrá seguir vendiendo mano dura en campaña. Pero ambos están mostrando que, cuando el show necesita víctimas, no importa cuán legal o ilegal sea su sacrificio. Y en medio de ese espectáculo, el Estado de derecho —ese que tanto se invoca en discursos— ha quedado reducido a una palabra hueca.
Con información de Fox News, NBC News, The Atlantic
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