Este funcionario de Campismo Popular en Sancti Spíritus, desviaba dinero desde las cuentas bancarias de la empresa hacia su cuenta personal a través del sistema Virtual Bandec.
Un funcionario de la empresa estatal de Campismo Popular ha sido condenado a 18 años de cárcel en la provincia de Sancti Spíritus por malversar 7,968,669 pesos cubanos (CUP), casi 8 millones de pesos, según informó el diario Escambray, medio oficial del Partido Comunista de Cuba en la provincia. Este escandaloso caso ha puesto en evidencia graves fallos en los mecanismos de control interno y supervisión dentro de la empresa.
Oscar Ramón Rodríguez Socarrás, quien ocupaba el cargo de especialista B en Gestión Económica en la dirección contable y financiera de Campismo Popular en Sancti Spíritus, aprovechó su posición para realizar transferencias desde las cuentas bancarias de la empresa hacia su cuenta personal a través del sistema Virtual Bandec. Este sistema permite realizar operaciones bancarias remotas, facilitando así que Rodríguez Socarrás manipulara los fondos sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones bancarias.
La investigación reveló que desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, Rodríguez Socarrás efectuó múltiples transferencias ilícitas.
Este caso ha llamado la atención sobre la laxitud en los procedimientos de seguridad y la falta de supervisión adecuada en la empresa de Campismo Popular. Según el medio oficialista, Rodríguez Socarrás encontró poca resistencia en su camino hacia el fraude: las claves de acceso y las tarjetas bancarias estaban fácilmente accesibles en un buró, prácticamente dejando «la puerta abierta» para el desfalco.
Las repercusiones de este incidente han sido significativas. Además de la severa pena impuesta a Rodríguez Socarrás, cinco directivos y funcionarios de la Oficina Central de la empresa fueron sancionados con multas penales administrativas por su negligencia en la preservación de los activos de la entidad. Esto ha llevado a una renovación en los principales puestos de dirección, con promesas de medidas más estrictas para prevenir futuros actos de corrupción.
El Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, que llevó el caso, ha utilizado este juicio como ejemplo para demostrar la seriedad con la que se están tratando los delitos de corrupción en el sector estatal. Sin embargo, este escándalo ha dejado una mancha en la reputación de la Empresa de Campismo Popular, que ahora debe trabajar arduamente para recuperar la confianza tanto de sus empleados como de la población en general.
Este caso también ha servido para resaltar la importancia de un control interno riguroso y de la implementación de mecanismos efectivos de supervisión en todas las empresas estatales, para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
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