Amnistía Internacional puso nombre y contexto este martes a algo que las activistas cubanas llevan años describiendo a golpes de testimonio: la violencia de género no es solo un problema doméstico en Cuba, también es una herramienta de control político en manos del Estado. En su informe “Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo”, publicado el 26 de noviembre, la organización documenta más de una década de prácticas represivas dirigidas específicamente contra mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas.
El documento, que abarca el periodo 2014-2025, describe un patrón de represión donde las detenciones arbitrarias, la vigilancia permanente, el uso expansivo del Código Penal, la censura y los juicios exprés se combinan con una capa adicional de violencia de género: desnudos forzados e inspecciones invasivas, insultos sexistas, amenazas de quitar la custodia de hijas e hijos y el uso de la maternidad como arma para quebrar a las mujeres que alzan la voz.
“Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por hablar, sino por ser madres, periodistas y líderes comunitarias”, resumió la directora regional de Amnistía para las Américas, Ana Piquer, al presentar el informe, que define estas prácticas como violencia estatal de género en un contexto autoritario.
Los casos analizados incluyen a madres de presos políticos como Yenisey Taboada, periodistas independientes como Luz Escobar y escritoras y activistas como María Matienzo, Carolina Barrero, Camila Lobón y Alina Bárbara López, todas sometidas a hostigamiento físico, digital y psicológico, “regulación” migratoria y, en muchos casos, exilio forzoso.
El informe se publica en un país donde la violencia machista avanza mientras las instituciones siguen sin ofrecer un marco legal robusto. De acuerdo con datos recopilados por organizaciones feministas y citados en análisis recientes, al menos 89 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2023 y otras 12 en los primeros tres meses de 2024, cifras que sitúan a Cuba entre los países con mayores tasas de feminicidios de la región. Ese mismo año, más del 60 % de las detenciones arbitrarias documentadas tuvieron como víctimas a mujeres y al menos 78 permanecían encarceladas por motivos políticos.
Todo ello ocurre en un marco institucional que reconoce la igualdad formal pero se resiste a dotarse de herramientas efectivas. Cuba ratificó tempranamente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pero no ha firmado la Convención de Belém do Pará, no tipifica el feminicidio y sigue sin aprobar una ley integral de violencia de género, pese a las solicitudes presentadas por activistas en 2019 y 2023. En su revisión de 2024 al cumplimiento de la CEDAW, la ONU reconoció ciertos avances normativos, pero señaló la ausencia de una definición clara de discriminación contra la mujer y brechas graves en la aplicación de las normas existentes, señala JURIST.
Amnistía Internacional va más allá del diagnóstico y califica estas prácticas como un patrón estructural de violencia de Estado contra las mujeres que disienten, en un entorno marcado por la subordinación del poder judicial y la criminalización del activismo. La organización exige al gobierno de Miguel Díaz-Canel poner fin a la represión, aprobar una ley integral de violencia de género que incluya el feminicidio y establecer mecanismos de protección específicos para defensoras y periodistas.
El informe concluye con una apelación directa a la comunidad internacional, en especial a la Unión Europea y a los organismos interamericanos, para que dejen de tratar la violencia contra las mujeres cubanas como un asunto interno y la asuman como lo que es: un problema de derechos humanos que requiere presión sostenida, observación de juicios, acceso de misiones independientes al país y respaldo explícito a quienes, dentro y fuera de la isla, se niegan a callar.
