Irma Lidia Broek, activista que difunde a través de redes sociales casos de violencia en Cuba, reunió en las últimas horas varias denuncias que dibujan un patrón de agresiones y una sensación generalizada de impunidad en comunidades de Matanzas, Villa Clara y Camagüey.
Los relatos, compartidos como publicaciones y fotografías, combinan descripciones médicas, testimonios de vecinos y reclamos por la inacción de las autoridades locales, y llegaron acompañados de un clamor por justicia que se repite en los comentarios.
En Perico, Colón, Matanzas, Yulvis González Benítez relató el ataque sufrido el 16 de octubre en la casa de una vecina: fue alcanzada por dos machetazos en la muñeca y el hombro, heridas que requirieron puntos de sutura. El agresor permanece libre, según la víctima, pese a que la denuncia formal fue presentada tras su alta hospitalaria.
El episodio, que tuvo como testigos a menores de 1, 2 y 13 años y a personas vulnerables de la casa, desató en redes una mezcla de indignación y preguntas: por qué las autoridades catalogaron las lesiones como “leves” y por qué la respuesta policial se limitó, según la denunciante, a dejar una citación.
En Sagua la Grande, Villa Clara, un altercado nocturno en un bar dejó un fallecido identificado como Michel, apodado “El Bobo”, y un herido grave —“El Bolo”— que lucha por su vida en el hospital provincial de Santa Clara. Fuentes cercanas, citadas por la publicación, señalan una enemistad de larga data entre ambos, que arrastra heridas y rencillas de décadas. La comunidad se reclama afectada y vecinos expresan condolencias, al tiempo que preguntan por las circunstancias que condujeron a la escalada mortal.
En Senado, provincia de Camagüey, la muerte de Yosmel Sayas, de 28 años, según la denuncia, ocurrió tras una agresión con arma blanca protagonizada por un amigo. La noticia, aún en desarrollo, alimentó la desolación de familiares y conocidos y volvió a encender demandas de esclarecimiento y sanción.
Otro episodio conmocionó a Cárdenas, Matanzas, donde Carlos, de 61 años y propietario de un bar, murió tras recibir múltiples puñaladas en un ataque atribuido a un joven de 18 años. El homicidio a primeras horas de la mañana ha dejado a la comunidad en luto y exigiendo respuestas.
Más allá de las particularidades de cada hecho, las publicaciones comparten una misma tensión: víctimas y testigos que sienten que la reacción estatal no es proporcional a la gravedad de los hechos. En los comentarios, las voces piden medidas más enérgicas contra la violencia, protección para las víctimas y garantías de investigación efectiva. Las denuncias difundidas por activistas como Broek reavivan el debate sobre cómo se investigan y sancionan estos delitos en contextos locales donde la desconfianza social agrava el dolor de las familias.
