El marco legal que transforma la estructura del gobierno cubano quedó oficializado este lunes con la difusión de la Ley 186 «De Organización de la Administración Central del Estado» en la Gaceta Oficial. La normativa, que reduce de 27 a 21 los organismos centrales, entrará en vigor el próximo 9 de noviembre y establece un periodo máximo de un año para concretar la redistribución de personal, finanzas y bienes entre las distintas carteras.
La reforma agrupa competencias que antes funcionaban de manera independiente. De este modo, el Ministerio de Agricultura y Alimentación asumirá los sectores agrícola, pesquero, azucarero e industria alimentaria; mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas gestionará la planificación, el presupuesto estatal y la política tributaria.
Asimismo, se crean los ministerios de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos; Educación Superior, Ciencia e Innovación; Industrias y la Construcción; e Información y Comunicación Social, este último con control directo sobre la comunicación pública y los medios.
El texto legal fija un plazo de 30 días para que los titulares de cada ramo entreguen los cronogramas de ejecución, aunque no detalla el destino específico de los empleados de las entidades absorbidas o eliminadas. Este reajuste coincide con el anuncio realizado en julio por el primer ministro Manuel Marrero Cruz sobre la supresión de más de 92,000 cargos en áreas de Salud, Educación, Cultura y Deportes, las cuales se identificaron en su mayoría como plazas administrativas no cubiertas.
La reestructuración fue adelantada en abril por Miguel Díaz-Canel con la premisa de recortar la burocracia, pasando por la aprobación del anteproyecto en mayo, la definición del mapa ministerial en junio y la votación en la Asamblea Nacional el 30 de julio. Entre los ajustes finales destaca la reducción del plazo de implementación inicial, que bajó de 60 a solo siete días tras su publicación oficial, derogando las normas organizativas vigentes desde 1983.
Las decisiones gubernamentales han generado objeciones entre profesionales e investigadores de los sectores involucrados. Tras confirmarse la disolución del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Diego Arango Arias, opinó sobre el proceso señalando que la medida era un «grave error» y criticó la falta de consulta a los trabajadores.
Por su parte, el economista Pedro Monreal cuestionó la desaparición de Comercio Interior como entidad autónoma, la dispersión del área de la vivienda y la creación de un ministerio enfocado en la comunicación social.
