El Consulado General de España en La Habana quedó en el centro de una nueva polémica por la aplicación de la llamada Ley de Nietos. Manos Limpias presentó una denuncia contra nueve responsables consulares españoles en Cuba, Argentina, México y Venezuela y pidió a la Fiscalía Anticorrupción investigar posibles delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.
En el caso cubano, la acción alcanza al responsable de la oficina consular de La Habana, cuyo cónsul general es actualmente José Miguel Corvinos Lafuente. La denuncia, sin embargo, constituye por ahora una acusación que deberá ser investigada y no una constatación de que se hayan cometido los delitos señalados.
Fotocopias y expedientes bajo sospecha
Manos Limpias sostiene que numerosos expedientes de nacionalidad habrían sido aprobados utilizando simples fotocopias y sin suficientes comprobaciones sobre la autenticidad de los documentos. También cuestiona la aceptación de documentación relacionada con emigraciones anteriores al 18 de julio de 1936 y reclama que sean revisados los expedientes concedidos bajo la Ley de Memoria Democrática.
El asunto resulta especialmente sensible en Cuba, donde la vía de la nacionalidad española generó durante años una enorme demanda y obligó al Consulado a ampliar su capacidad para procesar expedientes de la Ley de Nietos. Las dificultades para acceder a los trámites también alimentaron un mercado paralelo en el que llegaron a revenderse citas para gestiones consulares.
Existe, no obstante, un matiz importante. La instrucción española de 2022 contempla diferentes vías para optar a la nacionalidad y presume la condición de exiliado para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, aunque exige acreditar documentalmente esa salida.
Por esa razón, la aparición en un expediente de documentos familiares anteriores a 1936 no demuestra por sí sola que una nacionalidad haya sido concedida irregularmente. Será necesario determinar qué documentación se utilizó en cada caso, qué requisitos correspondían al solicitante y cómo fueron comprobados por los funcionarios.
Qué puede pasar con los cubanos que ya obtuvieron la nacionalidad
La denuncia no significa que las nacionalidades españolas concedidas a cubanos mediante la Ley de Memoria Democrática hayan quedado anuladas. Tampoco supone, por sí sola, la paralización de los expedientes que todavía continúan pendientes ni obliga a los solicitantes a comenzar nuevamente sus trámites.
Hasta el momento tampoco existe confirmación pública de que la Fiscalía haya abierto diligencias penales contra el cónsul general en La Habana o contra los demás responsables señalados. Manos Limpias ha pedido precisamente que se investiguen los expedientes y se determine si existieron irregularidades antes de establecer responsabilidades.
El plazo para iniciar nuevas solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática terminó el 22 de octubre de 2025, una fecha sobre la que España había advertido previamente a los interesados y que marcó el cierre de nuevas peticiones de cita por la Ley de Nietos. Quienes solicitaron cita a tiempo y cuentan con un justificante válido mantienen la posibilidad de recibir sus credenciales y presentar posteriormente la documentación.
La polémica llega además en un momento de fuerte presión sobre los servicios españoles en Cuba. En los últimos meses, el Consulado llegó a elevar a 1.500 las citas semanales para legalización de documentos, mientras otros trámites migratorios comenzaron a trasladarse a nuevas instalaciones para aliviar la saturación existente en La Habana.
