La jueza Zamira Marrero Morgado, cuyo nombre ha sido relacionado con procesos judiciales contra manifestantes del 11J, será la encargada de presidir este jueves 1 de octubre el juicio contra la joven creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente. La vista está prevista en el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, institución que actualmente preside la propia magistrada.
La designación ha generado preocupación entre activistas que siguen el caso debido a los antecedentes de Marrero Morgado dentro del sistema judicial cubano. Su nombre figura entre los jueces identificados públicamente por organizaciones que documentaron los procesos contra participantes en las protestas del 11J, especialmente en expedientes relacionados con los sucesos de Toyo y La Güinera, en La Habana.
Una jueza relacionada con severas condenas del 11J
Marrero Morgado formó parte de uno de los tribunales que juzgaron a manifestantes del 11 de julio de 2021 por delitos que incluyeron sedición. En aquellos procesos se dictaron condenas que llegaron hasta los 30 años de privación de libertad, mientras organizaciones independientes cuestionaron tanto la proporcionalidad de las penas como las garantías ofrecidas a los acusados.
Su nombre volvió ahora al centro de la atención por el proceso contra Anna Bensi y su madre. Además, a finales de agosto la magistrada habría rechazado una petición de la defensa para poner fin al proceso bajo el argumento de que los hechos atribuidos a ambas no constituían delito.
El señalamiento resulta especialmente llamativo para quienes siguen su trayectoria académica. Marrero Morgado defendió en 2025 una tesis de maestría relacionada con el interés superior de menores involucrados en procesos penales y también ha participado en actividades vinculadas al ámbito jurídico y los derechos humanos.
¿Por qué serán juzgadas Anna Bensi y su madre?
El proceso comenzó después de que Anna y su madre grabaran y difundieran en redes sociales la visita de un suboficial del Ministerio del Interior que llegó a su vivienda para entregar una citación de la Seguridad del Estado. A partir de ese episodio fueron acusadas bajo el artículo 393 del Código Penal cubano, relacionado con actos contra la intimidad personal y familiar.
La legislación contempla penas de entre dos y cinco años de prisión para determinadas conductas incluidas en ese artículo. Madre e hija permanecen desde marzo bajo reclusión domiciliaria y tienen prohibido abandonar Cuba.
Anna Bensi ya había denunciado interrogatorios y presiones de la Seguridad del Estado, asegurando que agentes intentaron convencerla de abandonar sus publicaciones críticas. En otros momentos también ha reportado problemas con sus comunicaciones y bloqueos de su cuenta de WhatsApp.
Un juicio aplazado que llega este 1 de octubre
La vista oral estaba prevista inicialmente para el 17 de septiembre, pero fue suspendida pocos días antes de su celebración. Posteriormente, el abogado de madre e hija recibió la nueva fecha del 1 de octubre, con el juicio programado para las 10:00 de la mañana.
El proceso ha provocado muestras de solidaridad dentro y fuera de Cuba, incluidas expresiones de apoyo de integrantes de comunidades religiosas. Anna, por su parte, ha insistido públicamente en que continuará expresándose sobre la realidad cubana independientemente de lo que ocurra en el tribunal.
El caso se desarrolla mientras persiste la atención sobre las consecuencias judiciales del 11J y la situación de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos en Cuba. Cinco años después de aquellas protestas, organizaciones independientes continúan documentando centenares de personas encarceladas por causas políticas, en medio de fuertes cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial de la Isla.
