Un joven cubano identificado Erik Ventura Castro, de 24 años, fue sentenciado a 30 meses de prisión federal tras declararse culpable de conspiración para el tráfico de migrantes y lavado de dinero, según revelaron documentos judiciales esta semana.
Ventura Castro, que residía en Hialeah, fue acusado de integrar una red de fraude migratorio que presuntamente ayudaba a ciudadanos cubanos a ingresar a Estados Unidos mediante solicitudes fraudulentas.
Según un comunicado del Departamento de Justicia emitido el jueves, Ventura Castro es el primer miembro de una presunta red desmantelada en septiembre del año pasado que es sentenciado.
La acusación federal precisó que entre enero de 2021 y junio de 2025 Ventura Castro conspiró con otros para operar una organización de contrabando de extranjeros que alentó o indujo a miles de extranjeros cubanos a ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur y utilizó el Sistema Electrónico fraudulento para la Autorización de Viaje (ESTA) y las exenciones de visa.
Los acusados anunciaron sus servicios de contrabando y servicios de visas falsas en múltiples plataformas de redes sociales para solicitar a los ciudadanos cubanos y otros extranjeros que intentaran ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y obtener fraudulentamente el estatus legal en los Estados Unidos.
“Ventura Castro fue parte de una compleja conspiración responsable del contrabando de extranjeros a los Estados Unidos a gran escala”, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
“El acusado y otros reclutaron a extranjeros utilizando las redes sociales, cobraron miles de dólares para traerlos al país ilegalmente y los ayudaron a obtener beneficios de inmigración a los que no tenían derecho”, añadió el funcionario.
“Esta organización criminal operaba como fachada para solicitudes de asilo falsas, generando solicitudes frívolas en todo el país. A los criminales que buscan explotar nuestro sistema de inmigración: los encontraremos, desmantelaremos sus planes y se enfrentarán a la justicia”, apuntó sobre el caso Joseph Edlow, director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
Según los fiscales, como parte de la conspiración, Ventura Castro realizó más de 40 pagos electrónicos a USCIS para solicitudes fraudulentas de ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) con supuestas ciudadanías europeas. Presuntamente, la organización cobraba entre $1,500 y $40,000 por sus servicios de contrabando.
Los co-conspiradores a veces incluso alquilaban aviones privados para mover grupos de extranjeros. Ventura-Castro transmitió más de $97,000 desde los Estados Unidos a las Islas Caimán, Colombia y México para comprar vuelos para que los extranjeros ingresen ilegalmente a los Estados Unidos.
Las autoridades expusieron que los acusados promocionaban sus servicios en redes sociales mediante vídeos promocionales y se comunicaban a través de un grupo de WhatsApp llamado “Trámite de ESTA y visa de Turismo a USA para ciudadanos españoles”.
El fiscal federal para el Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, afirmó que los acusados instruían a los migrantes para que dijeran que viajaban como turistas, ocultaran su procedencia de Cuba y aseguraran que solo venían de visita.
El Departamento de Justicia sostiene que los acusados sabían que los ciudadanos cubanos no eran elegibles para el programa ESTA si habían visitado o se encontraban en Cuba, por lo que presuntamente utilizaron direcciones falsas y organizaron vuelos a través de terceros países.
Nicholas Ingegno, agente especial interino a cargo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional en Tampa, declaró que “a sabiendas orquestaron un sofisticado plan para reclutar y contrabandear a miles de ciudadanos cubanos a los Estados Unidos, y obtuvieron ilegalmente beneficios de inmigración a través de solicitudes fraudulentas, declaraciones falsas deliberadas y transacciones financieras ilícitas. Tal conducta criminal calculada socava la integridad de nuestro sistema de inmigración y se encontrará con toda la fuerza de la ley”.
De los 12 acusados, cinco ya se declararon culpables y esperan sentencia. Otros tres tienen previsto ir a juicio en septiembre. Según el Departamento de Justicia, entre los acusados hay tres residentes de Hialeah, dos de ellos sin estatus migratorio, además de una mujer que vivió en Hialeah y actualmente se encuentra en Cuba.
Los registros muestran que gastaron más de 2,5 millones de dólares solo en vuelos y canalizaron más de 7 millones a través de aplicaciones de pago como Zelle. Según un análisis financiero realizado a 27 cuentas conocidas asociadas con los acusados y sus cómplices, la organización de tráfico de inmigrantes obtuvo más de 18 millones de dólares durante la conspiración.
