La cúpula del Partido Comunista de Cuba dio luz verde a un amplio paquete de reformas económicas que fue ratificado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en un intento por aliviar la profunda crisis que atraviesa el país.
Entre las principales medidas figura la apertura del sector turístico a nuevos actores extranjeros, con el objetivo de atraer inversiones y reactivar una de las principales fuentes de ingresos de la isla. También se contempla una reducción del aparato estatal, la eliminación gradual de subsidios universales y una mayor descentralización de la gestión económica.
El plan incluye además el fin del monopolio de las empresas estatales importadoras que servían de intermediarias entre compañías cubanas y extranjeras, permitiendo operaciones más directas para dinamizar el comercio. Asimismo, se prevé una reducción de la burocracia para los agricultores y una flexibilización de las restricciones para la importación de vehículos.
El mandatario Miguel Díaz-Canel reconoció que algunas de estas decisiones no cuentan con consenso, pero aseguró que son “impostergables” ante la realidad económica del país.
El mandatario afirmó que “la realidad impone cambios urgentes y necesarios” y que el objetivo es transformar aspectos del modelo económico sin renunciar al control político del sistema.
Las reformas llegan en medio de una severa crisis caracterizada por apagones, escasez de alimentos y combustible, inflación y una fuerte caída de la actividad económica, agravada por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.
Diversos analistas consideran que se trata del intento más amplio de flexibilización económica impulsado por el Gobierno cubano en los últimos años, aunque persisten dudas sobre su alcance y aplicación efectiva.
Estas medidas llegan en un momento de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen de La Habana, al cual le han exigido aperturas económicas y políticas que favorezcan al pueblo cubano, que está viviendo al limite por la difícil situación del país.
