La localidad de Baire, en Santiago de Cuba, municipio este limítrofe con la provincia de Granma, amaneció de luto tras la muerte de Rodisbel Álvarez, un revendedor de pan conocido en su comunidad por “luchar” el sustento diario en medio de la crisis. Según denuncias difundidas en redes sociales, el hombre falleció de un infarto poco después de que inspectores le impusieran una multa de 16.000 pesos cubanos, una cifra que vecinos e internautas describen como imposible de pagar para alguien que vive de vender pan de manera informal.
En publicaciones compartidas por usuarios y páginas de denuncia, el caso se narra como una secuencia directa: la sanción llega, la angustia se dispara y el cuerpo no resiste. En los comentarios, personas de Baire y de otros territorios repiten una idea que aparece una y otra vez: el aparato de multas está cayendo con fuerza sobre quienes intentan sobrevivir, mientras otros focos de ilegalidad y violencia cotidiana quedan, según ellos, fuera del radar.
Las reacciones apuntan especialmente a los inspectores. Varios comentaristas los acusan de falta de empatía y de operar bajo un patrón de selectividad: multar al vendedor humilde y “hacerse los ciegos” con negocios más grandes o con quienes pueden “resolver” por detrás. En esa conversación aparecen palabras como chantaje, soborno y “jabita”, usadas para describir la sospecha de corrupción en la calle, sin necesidad de una prueba judicial en cada caso para que el runrún social se instale.
En medio del dolor por Rodisbel Álvarez, también se repite otra frase: “no es el primero” al que le sucede. En los propios comentarios del caso de Baire se menciona un antecedente en Las Tunas: un carretillero que se habría quitado la vida tras recibir una multa alta, incapaz de enfrentar la sanción. Ese relato aparece como memoria compartida, aunque las versiones varían en montos y detalles cuando pasan de un muro a otro.
Una búsqueda en internet nos permitió encontrar el caso al que presuntamente se refería la internauta. Ocurrió en 2022, en Las Tunas, y se refiere al suicidio de Ángel Pacheco Soublet, un excombatiente de Angola de 83 años, tras recibir una multa de 4.000 pesos por vender viandas en una carretilla. Según la cobertura hecha sobre el suceso, el hombre trabajaba para ayudar a mantener a su esposa enferma y, al no poder pagar la multa que le impuso un inspector, decidió terminar con su vida.
Otro hecho similar y tan indignante como el anterior, ocurrió en marzo de 2021, cuando el carretillero Jorge Cachón Martínez, de Mayarí, Holguín, se quitó la vida luego de recibir dos multas por un total de 7.000 pesos por vender viandas sin licencia, según reportó Martí Noticias citando a una activista local. Ese caso también fue recogido por Diario de Cuba, que lo describió como la historia de un joven que vendía en carretilla para “sobrevivir al hambre” y que terminó acorralado por las sanciones.
Raquel Martin Sanchez, en un comentario dejado en el post de la muerte de Rodisbel, relata otro suceso relacionado con una inspectora. La internauta declaró que hace algunos años perdió a su padre “así mismo, infarto de una mortificación que pasó con una inspectora”. Martin Sánchez lamentablemente no aportó fechas ni localidad, pero su testimonio funciona como eco: la multa o el conflicto con el inspector no se vive como trámite, se vive como humillación, como amenaza sobre la comida, como vergüenza pública y como miedo. Quién sabe si algún día lo certifiquen así en un hospital como causa de muerte: multa de una inspectora.
Lo que une estos episodios, además del desenlace trágico, es el contexto de un sistema de control que se ha vuelto más visible y más agresivo en el día a día. En Cuba existe un marco legal para sancionar contravenciones asociadas a precios, licencias y comercialización. El Decreto 30/2021 regula contravenciones por violaciones de la política de precios y tarifas. En años recientes, el propio Gobierno ha presentado operativos de control amparados en ese tipo de normativa y en disposiciones más nuevas dirigidas al sector no estatal.
Entre los comentarios aparecen otros tres elementos que son claves. Uno es, la traba burocrática que empuja a la ilegalidad y después castiga la ilegalidad. Una mujer, identificada como Ana Barbán, cuenta que solicitó una patente “desde septiembre” y que todavía no se la han dado; dice que lo único que recibe como respuesta es que “estoy en el sistema”. Y añade un detalle decisivo: mientras ese permiso no llega, no puede vender “porque ponen muchas traba”, pero si la encuentran vendiendo, la multa sí llega sin demora. Ese testimonio, más allá del caso puntual, dibuja un circuito que se repite: esperar meses una autorización, agotarse, salir a vender para vivir y terminar penalizada por no tener el papel que nadie firma.
Otro es «los afortunados» que no murieron, pero que estuvieron a punto, tras vivir una experiencia similar. Evelin Rodriguez dice que a ella le hablaron “de una de 8000” (que le impondrían), y que terminó en el policlínico “con la presión alta”.
Un tercero, se refiere a varios usuarios que recordaron como episodios similares reflejan hasta qué punto las multas pueden escalar en conflictos graves. Uno de los casos más citados ocurrió en Santiago de Cuba, cuando un cochero de Palma Soriano agredió con un machete a una inspectora después de que le impusieran una multa de 16.000 pesos cubanos. Según reportes difundidos en medios independientes, la inspectora, identificada como Niurka Nava Alarcón, sufrió heridas en la cabeza y el cuello y tuvo que ser hospitalizada. El ataque ocurrió en medio de una discusión por la sanción económica.
Otro episodio de violencia se registró en Cienfuegos. En ese caso, un vendedor de productos agrícolas agredió físicamente a una inspectora en el momento en que esta le entregaba el talón de la multa por violaciones de precios. El altercado terminó con golpes contra la funcionaria y también contra otro inspector que la acompañaba. El vendedor fue posteriormente procesado y condenado a cinco años de prisión.
Las tensiones entre inspectores y trabajadores por cuenta propia también han generado denuncias públicas que ilustran el nivel de desconfianza existente. En Mayarí, Holguín, un cuentapropista publicó en redes sociales una foto tomada en su negocio mientras discutía con una inspectora que intentaba multarlo. En el texto que acompañaba la imagen criticaba la apariencia de la funcionaria, señalando que llevaba “cadenas de oro, anillos y uñas acrílicas”, mientras pretendía imponerle una sanción elevada. La publicación se viralizó como ejemplo de que muchos trabajadores informales sienten que los inspectores se enriquecen ilícitamente cogiendo dinero «por la izquierda».
Ese mismo municipio fue escenario de otra denuncia más estructurada contra el sistema de inspecciones. Un cuentapropista aseguró que una inspectora local aplicaba siempre la multa máxima, que puede llegar hasta 16.000 pesos, incluso en infracciones menores. El trabajador afirmó que en ocasiones anteriores ya había recibido sanciones acumuladas por más de 45.000 pesos y que el procedimiento de inspección se había convertido en una presión constante sobre quienes operan pequeños negocios.
Estos casos —agresiones, denuncias públicas y conflictos cada vez más tensos— aparecen con frecuencia en redes sociales y medios independientes cada vez que se produce una muerte o un incidente relacionado con multas. Para muchos cubanos, el problema no es solo la sanción en sí, sino el contexto en que se aplica: vendedores informales que dependen de pequeñas ganancias diarias enfrentándose a sanciones que pueden equivaler a varios meses de ingresos.
En Baire, lo que queda por ahora es una muerte que la comunidad asocia a una sanción desproporcionada y un clima de hostilidad contra el rebusque cotidiano. Rodisbel Álvarez, según quienes lo recuerdan, no era un delincuente ni un jefe de negocio: era un vendedor de pan. La multa fue el hecho concreto. El infarto fue el final.
