La disputa entre Exxon Mobil y el Estado cubano dejó de ser un pleito “solo” entre una multinacional y tres empresas de la isla. Con un escrito presentado ante la Corte Suprema, la administración de Donald Trump se ha colocado formalmente del lado de la petrolera y ha pedido a los jueces que permitan avanzar la demanda por las propiedades expropiadas en Cuba hace más de seis décadas.
El documento, de 31 páginas, responde a una solicitud de la propia Corte, que en mayo pidió al gobierno federal pronunciarse sobre el alcance de la Ley Helms-Burton en este tipo de litigios. En su respuesta, el equipo jurídico de Trump sostiene que el Título III de esa ley —que autoriza a ciudadanos y empresas estadounidenses a demandar a quienes “trafiquen” con bienes confiscados por el gobierno cubano— ya abroga por sí mismo la inmunidad soberana de las agencias y empresas estatales de la isla.
El matiz es clave. Hasta ahora, los tribunales inferiores habían entendido que, incluso con Helms-Burton, cualquier demanda contra empresas como CIMEX o CUPET debía encajar además en alguna de las excepciones a la inmunidad previstas en la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), una ley de 1976 que protege a gobiernos extranjeros y sus entidades frente a demandas en Estados Unidos. Esa interpretación llevó al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia a cerrar el paso a Exxon en julio de 2024.
Trump quiere darle la vuelta al tablero. En su brief, el gobierno argumenta que el Congreso aprobó Helms-Burton precisamente para crear un mecanismo extraordinario contra Cuba, que permitiría a las víctimas de las expropiaciones de 1959 en adelante reclamar daños a quienes sigan beneficiándose de esas propiedades, incluidas las propias empresas estatales cubanas. Exigir, además, que se cumpla una excepción de la FSIA “frustra” ese objetivo y deja la ley prácticamente sin efecto.
El movimiento encaja con la línea dura hacia La Habana que marcó el primer mandato de Trump, cuando en 2019 decidió levantar la suspensión del Título III de Helms-Burton y abrió la puerta a una oleada de demandas contra compañías cubanas y extranjeras por el uso de propiedades confiscadas. Ya de vuelta en la Casa Blanca, el republicano insiste en que esos pleitos son una herramienta de política exterior: en el propio escrito se habla de “intereses de política exterior apremiantes” para que los expropiados obtengan compensación y el régimen deje de lucrarse con lo que no pagó.
El respaldo de la administración llega en un momento en que la Corte Suprema ya aceptó revisar no solo el caso de Exxon, sino también el de Havana Docks, una empresa que reclama a varias navieras por el uso de un muelle en La Habana expropiado en 1960. Juntos, ambos expedientes podrían redefinir el alcance de Helms-Burton y abrir la puerta a una nueva carrera judicial de empresas y particulares —entre ellos numerosos cubanoamericanos con reclamaciones certificadas— contra el andamiaje económico del Estado cubano.
