La fiscalía del condado de Dallas decidió no solicitar la pena de muerte contra el cubano Yordanis Cobos-Martínez, acusado de la brutal decapitación del administrador de un motel, el indioestadounidense Chandra Mouli “Bob” Nagamallaiah, en septiembre de 2025. El caso, que conmocionó a la comunidad india en Estados Unidos y fue utilizado políticamente por el presidente Donald Trump para atacar la política migratoria, seguirá como proceso por asesinato capital, pero con la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional como sanción máxima.
Según medios locales citados por India-West y Fox 4 News, la oficina del fiscal de distrito John Creuzot comunicó al tribunal que, por ahora, no pedirá la ejecución de Cobos-Martínez, aunque se reserva el derecho de revisar la decisión si surgen nuevos elementos. Detrás de ese movimiento pesan factores prácticos y diplomáticos: se trata de un inmigrante cubano en situación irregular, con una orden de deportación previa que no pudo ejecutarse porque La Habana se negó a recibirlo, lo que complica cualquier negociación posterior en caso de una condena a muerte.
El crimen ocurrió la mañana del 10 de septiembre en el motel Downtown Suites Dallas. De acuerdo con el sumario policial y la reconstrucción de medios como CBS News y NDTV, Cobos-Martínez discutió con Nagamallaiah después de que este le ordenara no utilizar una lavadora averiada y pidiera a otra empleada que tradujera sus instrucciones. Minutos después, el cubano regresó armado con un machete, apuñaló al administrador y lo persiguió hasta la recepción, donde, frente a la esposa y al hijo adolescente de la víctima, le seccionó el cuello y terminó por decapitarlo, para luego lanzar la cabeza a un contenedor de basura.
La magnitud del ataque generó indignación internacional. Trump calificó a Nagamallaiah como “una persona muy respetada en Dallas” y prometió que el acusado sería “procesado con todo el peso de la ley”, a la vez que culpó a la administración Biden por permitir que un inmigrante con amplio historial delictivo permaneciera en libertad. Documentos de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional detallan que Cobos-Martínez acumulaba arrestos en Florida, California y Texas por delitos que incluyen intento de robo de auto, agresiones y conducta indecente con menores, además de haber violado condiciones de libertad bajo palabra en más de una ocasión.
La decisión de renunciar a la pena capital reabre el debate sobre cómo se manejan los crímenes especialmente violentos cuando el acusado es un no ciudadano con antecedentes y cuando el país de origen no coopera con las deportaciones. Para la familia de Nagamallaiah y parte de la opinión pública, la cadena perpetua sin libertad condicional puede parecer un castigo insuficiente frente a la brutalidad del asesinato. Para la fiscalía, en cambio, garantiza que Cobos-Martínez pasará el resto de su vida en prisión sin las incertidumbres y costos de un proceso de pena de muerte que podría prolongarse durante años entre apelaciones y litigios internacionales.
