La muerte de la doctora cubana Lisbania Cedeño González, médica de 32 años de Bayamo, vuelve a colocar en primer plano un viejo dilema del archipiélago caribeño: la exportación de servicios de salud como salvavidas económico y, simultáneamente, como escenario de tensiones humanas y denuncias de abusos.
El relato de colegas a medios independientes y testimonios publicados en redes sociales describe los últimos días de Lisbania con una crudeza difícil de ignorar. Fiebre persistente, vómitos y hospitalización sin los insumos más básicos.
En paralelo, compañeros aseguran que la joven había solicitado su liberación para regresar a Cuba tras cumplir el tiempo reglamentario. Según esas versiones, sus superiores demoraron o rechazaron el pedido. El resultado, denunciado por testigos directos, fue la retención forzada de una profesional que ya no deseaba permanecer en la misión.
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Fuentes cercanas también afirman que la doctora dejó cartas de despedida que fueron incautadas por la policía venezolana, lo que añade un elemento de opacidad institucional que golpea aún más a su familia en Granma.
Desde otra óptica, lo ocurrido recuerda episodios documentados por organismos internacionales y ONG que han denunciado condiciones de semiesclavitud en brigadas médicas cubanas. La vida en los CDI venezolanos está marcada por la precariedad: pacientes que deben llevar su comida y medicamentos, médicos que enfrentan amenazas si cuestionan órdenes, vigilancia constante y temor al “castigo” de ser devueltos con sanciones.
El régimen, por su parte, ha defendido durante años estas misiones como “gestos de solidaridad” que al mismo tiempo aportan divisas vitales a la economía nacional. En paralelo, organismos opositores y expertos en derechos humanos las señalan como mecanismos de control y fuente de explotación laboral.
