La compañía de viajes en línea Expedia volvió a ser noticia en los tribunales federales de Estados Unidos, esta vez tras pedir a un juez de Delaware que imponga sanciones millonarias contra la familia Sánchez Hill y sus abogados, a quienes acusa de haber fabricado pruebas en una demanda por propiedades confiscadas en Cuba.
Según informó Law360, Expedia solicitó 2,75 millones de dólares en concepto de honorarios y gastos, alegando que Central Santa Lucia LC (CSL), la empresa creada por los descendientes de los antiguos dueños de un extenso terreno costero en la isla, presentó documentos con fechas falsas para poder reclamar bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
El caso se remonta a 2022, cuando CSL demandó a Expedia alegando que la plataforma se había beneficiado de hoteles de lujo construidos sobre las 102.300 acres de la familia, expropiadas por el gobierno cubano en 1960.
El argumento de los demandantes era que la empresa podía reclamar porque había sido fundada en marzo de 1996, justo antes de que la administración de Bill Clinton suspendiera el derecho a iniciar nuevas acciones privadas bajo la Helms-Burton. Pero Expedia sostuvo en juicio que esa fecha fue manipulada y que en realidad los documentos de constitución de CSL se firmaron años después. Un jurado federal le dio la razón en julio de este año, dejando a los demandantes sin pruebas válidas de su supuesta titularidad.
La compañía fue más allá: acusó a los abogados de CSL de “mala fe” por no desistir de una versión que consideraban insostenible y por haber permitido que el propio abogado que montó la entidad, Nick Gutiérrez, mintiera en una deposición.
Expedia aseguró que los metadatos evidencian que los archivos fueron creados en el año 2000, y que durante la fase de descubrimiento los demandantes intentaron frenar la entrega de pruebas con reclamos de privilegio sin sustento. Con estos elementos, la empresa insiste en que tanto la familia como sus representantes deben responder económicamente por haber llevado adelante una litigación “vexatoria”.
El trasfondo vuelve a poner en foco la vigencia del Título III de la Ley Helms-Burton, reactivado en 2019 por la administración Trump tras más de dos décadas suspendido. Desde entonces, múltiples compañías extranjeras y estadounidenses han enfrentado demandas de familias cubanas exiliadas que buscan compensación por propiedades nacionalizadas después de 1959.
Algunas de esas demandas han prosperado hasta etapas de juicio, pero no siempre con éxito. En agosto de 2025, por ejemplo, un juez federal en Miami desestimó un reclamo similar contra Booking Holdings, al considerar que no se habían acreditado daños directos en territorio estadounidense.
El caso Central Santa Lucia LC v. Expedia Group Inc., número 1:22-cv-00367, sigue ahora en fase de mociones posteriores al juicio. Si el tribunal concede las sanciones, marcaría uno de los precedentes más severos en litigios bajo Helms-Burton. Para Expedia, lo que está en juego no es solo un resarcimiento económico, sino la credibilidad de un esquema legal que, según su versión, fue manipulado para fabricar una reclamación inexistente.
tal vez quieras leer: Juez de Miami anula el veredicto del jurado contra Expedia en un caso bajo la Ley Helms-Burton
