Un hombre fue condenado esta semana a 25 años de privación de libertad por robar, agredir e intentar asesinar con un arma blanca a su expareja, en un hecho tipificado por colectivos feministas como un intento de feminicidio, informó el Noticiero Nacional a través del Canal Caribe, en YouTube.
La sanción del Tribunal Provincial de La Habana no se emitió bajo la figura de feminicidio -una tipología que no está contemplada en el actual Código Penal cubano-, sino bajo otros delitos, como robo con violencia e intimidación en las personas, lesiones, amenazas y violación de domicilio.
De acuerdo con lo difundido, el ataque ocurrió dentro de la vivienda de la víctima, donde el acusado utilizó un arma blanca para amenazarla y agredirla. La mujer sufrió lesiones graves tras recibir tanto agresiones físicas como verbales.
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El reporte añade que el agresor, cuya identidad no fue revelada, reincidía en este tipo de comportamientos, condición que influyó en la severidad de la pena impuesta. Asimismo, se detalló que durante el incidente el individuo sustrajo bienes personales de la víctima con el propósito de “incrementar su patrimonio personal”.
El fallo judicial incluyó sanciones accesorias, entre ellas la obligación de compensar monetariamente el valor de los bienes robados.
Desde Canal Caribe se destacó que “ante esta tipicidad delictiva, el sistema de justicia cubano no deja de tomar acciones para mantener, desde la prevención, el enfrentamiento y con el rigor de la ley, la tranquilidad ciudadana”.
Las declaraciones oficiales emplearon términos como “asesinato por razones de género” o “violencia de género extrema”, mientras el delito de feminicidio continúa sin estar reconocido en la legislación.
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Organizaciones feministas y plataformas de apoyo a víctimas han insistido en la necesidad de que el Estado cubano reconozca legalmente el feminicidio como figura penal, de modo que los crímenes por motivos de género sean nombrados y registrados con claridad.
Estas agrupaciones también han exigido la creación de protocolos públicos de registro, refugios y una ley integral contra la violencia de género que contemple mecanismos de protección, atención y acompañamiento a las víctimas.
