Pareja de cubanos son sentenciados a nueve y tres años de cárcel por delitos de fraude al seguro de Salud

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Una pareja cubana residente en Miami fue sentenciada a prisión por su participación en un amplio esquema de fraude al sistema de salud pública estadounidense, que involucró reclamaciones médicas falsas, sobornos ilegales a pacientes y lavado de dinero a gran escala. El Departamento de Justicia informó que se han recuperado más de seis millones de dólares en activos vinculados a los delitos.

Magaly Travieso, de 54 años, enfermera registrada y dueña de la clínica ProMed Healthcare, recibió una sentencia de nueve años de prisión por conspiración para cometer fraude al seguro de salud. Su exesposo y cómplice, Yudorki Ramirez, de 53 años, fue condenado a tres años por conspiración para lavar dinero. Ambos deberán pagar millones de dólares en restitución al gobierno y a las víctimas.

Entre 2019 y 2023, Travieso lideró una operación que presentó más de 20 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a seguros privados, Medicare, Medicaid y planes de Medicare Advantage. Según la acusación, citada por CBS12, ProMed facturaba por servicios como terapias físicas, rehabilitación psicosocial y provisión de ortesis que, en muchos casos, nunca se ofrecieron. Las historias clínicas contenían citas idénticas copiadas en decenas de archivos y hasta errores ortográficos replicados, evidenciando su carácter fabricado.

Para justificar los cobros, Travieso y su equipo ofrecían sobornos a pacientes y elaboraban documentación médica falsa. ProMed logró así recibir más de 10 millones de dólares en pagos.

Los fondos fueron usados en compras personales como un Range Rover de $75,000 registrado a nombre de la clínica, una residencia de $750,000 en Miami a nombre de Travieso, y más de dos millones de dólares transferidos por Ramirez a cuentas de inversión. En 2024, las autoridades federales incautaron más de $4 millones de cuentas bancarias vinculadas a los acusados y, desde entonces, han recuperado otros $2 millones en bienes.

El caso fue investigado por el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del estado de Florida. Las autoridades destacaron que este tipo de delitos no solo afecta al erario público, sino que mina la confianza en los sistemas de salud y asistencia social.

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