Tras el error de 14ymedio al señalar a un inocente como presunto responsable del atropello múltiple en La Habana ocurrido en La Habana a finales del pasado mes de agosto, varias cuentas de periodistas y figuras afines al oficialismo reaccionaron con burlas en redes sociales. Entre ellos, su vicepresidente, Francisco Rodríguez Cruz, el bloguero conocido como «Paquito el de Cuba», cada vez más dependiente del PCC y de las migajas en Mbs que recibe.
Este análisis reconstruye lo ocurrido y contrasta esas reacciones con la ausencia de información o investigación propia en los medios estatales. Dos casos adicionales — el homicidio de Yosvani Hernández Meriño y un post de una periodista oficialista «crítica» sobre los apagones (y basta)— completan el cuadro de un ecosistema donde las redes suplen, a falta de transparencia, lo que no aparece en las plataformas oficiales.
El punto de partida fue el atropello ocurrido el 25 de agosto en La Habana, con una mujer fallecida y ocho heridos. Días después de ocurrido, el medio independiente 14ymedio publicó una pieza en la que identificó erróneamente a un empresario como presunto autor. La publicación fue rectificada, el asunto con el injuriado zanjado, pero para entonces ya circulaban capturas y comentarios en cuentas de comunicadores oficialistas que se mofaban del desliz y presentaban el episodio como prueba de la “falta de rigor” en la prensa independiente.
El error, que pudo subsanarse en buena medida con una aclaración en la nota en la que se dijese que 14 y medio había intentado contrastar esta información con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General, la Embajada Italiana y no había sido posible,
dio lugar a un éxtasis entre el oficialismo que, lejos de echar tierras sobre el medio pionero dentro del periodismo independiente en la isla, terminó por confirmar lo difícil que es hacer periodismo en condiciones de persecución, arrestos, acosos y negación de la información.
La confirmación oficial sobre lo sucedido llegó más de una semana después del hecho. Hasta esa nota, los medios estatales no habían aportado detalles verificables sobre el caso más allá de referencias generales, pero una sarta de pseudoperiodistas, ciberclarias, etc. se agarraron de un clavo hirviendo para intentar lapidar a un órgano que desde hace años ha ganado sobrados méritos a la hora de ofrecer alguna información que al pueblo cubano le es vedada.
La secuencia evidencia una asimetría: mientras perfiles personales en Facebook y X celebraban el error de un competidor, los portales donde trabajan esos comunicadores no publicaron reconstrucciones del suceso, entrevistas a víctimas o informes sobre el estado procesal. La cobertura de fondo se activó, en lo esencial, tras el comunicado de la Fiscalía, que fue obligada por las circunstancias.
El segundo caso aporta contexto a lo dicho. En la madrugada del 11 de agosto, en el barrio de Lawton, fue asesinado a puñaladas Yosvani Hernández Meriño, conocido como El Moro o Pocholo. En los días siguientes circularon versiones vecinales que hablaban de una riña después de una supuesta “bolita”.
Aquí también la aclaración más detallada no llegó desde la prensa del Estado, sino desde Café Fuerte, que, citando a un familiar, describió un plan urdido por dos jóvenes alojados en la casa de la víctima durante un apagón. Según ese testimonio, uno de los implicados fue detenido y otro permanece prófugo; los bienes robados fueron recuperados. La pieza ordenó datos, aportó nombres y cronología y corrigió rumores; la prensa oficial no difundió, en ese lapso, en este caso, siquiera un informe equivalente.
Un tercer hito nos llega de la mano de la periodista oficialista, veterana y profesora, Ana Teresa Badía. Badía publicó en Facebook, el 7 de septiembre, una interrogante directa sobre el incumplimiento de la promesa gubernamental de reducir los apagones en verano.
El post generó un amplio intercambio con profesionales y ciudadanos desde varias provincias. Sin embargo, en paralelo, los medios estatales mantuvieron la cobertura en clave declarativa —partes de la Unión Eléctrica, declaraciones de funcionarios— sin acompañarlas con cronologías técnicas, documentos o auditorías públicas que respondieran a la misma pregunta planteada en redes.
Lo hecho por Badía es la norma dentro del periodismo oficial: recurrir a las redes sociales para expresar lo que en sus sitios de trabajo no pueden hacer los periodistas oficialistas. Entre todos ellos, Badía es «voz cantante», al igual que la ex Presidenta de la UPEC en Matanzas, Yirmara Torres Hernández.
Hay una gran distancia, sí, que hay que aclarar. No todos recurren al escarnio burlesco como «Paquito» e incluso hay quienes por vergüenza no dicen nada, porque saben que tienen su tejado de vidrio.
Los tres casos, ocurridos entre el 11 de agosto y el 7 de septiembre de 2025, muestran un patrón verificable: parte del periodismo oficialista concentra su reacción en espacios personales de redes sociales —con énfasis en la burla o la queja— mientras las plataformas institucionales publican tarde, después de notas oficiales, o no publican investigaciones propias. La consecuencia es doble: de un lado, las audiencias consumen discusiones fragmentadas y poco trazables; del otro, los vacíos informativos favorecen la propagación inicial de errores y rumores, que luego deben ser corregidos por nuevas publicaciones.
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Este reporte no evalúa motivaciones, sino hechos: hubo una burla sostenida al error de 14ymedio; hubo silencio o cobertura mínima en portales estatales hasta la nota de la Fiscalía; hubo una investigación relevante en Café Fuerte que aportó datos sobre el homicidio de Hernández Meriño; hubo, finalmente, una demanda de explicaciones sobre los apagones formulada en Facebook por una periodista del sistema, sin correlato visible en reportajes técnicos dentro de ese mismo sistema. La discusión de fondo —dónde se publica, con qué evidencia y en qué plazos— todavía está pendiente a pesar de los miles de debates, reuniones, eventos y congresos.
