Tres casos, un patrón: escándalos financieros y estafas protagonizados por hispanos en Miami

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En cuestión de días, tres casos distintos han dejado una misma estampa en Miami: hispanos en posiciones de confianza acusados de convertir el dinero ajeno en una caja personal. Desde una empleada de concesionaria en La Pequeña Habana, pasando por un abogado de Miami Lakes, hasta un conocido promotor cubano vinculado a la farándula, los expedientes federales y estatales trazan un mapa de fraudes millonarios que tocan de lleno a la comunidad latina de la ciudad.

El caso más reciente es el de Yuddy Mejías, contable de Brickell Motors, en la Calle Ocho, a quien la policía de Miami acusa de haber desviado más de un millón de dólares en cheques de reembolso hacia su esposo, Miguel González, y su hijo, Ángel González.

De acuerdo con la orden de arresto, Mejías habría manipulado el sistema contable de la empresa para generar unos 486 cheques fraudulentos entre 2014 y 2024, ocultando luego los movimientos en los libros.

Foto: Vía MDCR

Los tres fueron arrestados y enfrentan cargos de gran robo en primer grado, esquema organizado para defraudar y conspiración, señalan WPLG y CBS News.

En paralelo, otro expediente apunta más arriba en la escala profesional. El abogado Rodolfo Mario Blanco, con despacho en Miami Lakes y casi tres décadas de ejercicio, está acusado en una causa federal de 11 cargos de fraude electrónico y 11 de lavado de dinero por supuestamente desviar 1,5 millones de dólares de los alrededor de 3 millones que clientes depositaron en su cuenta fiduciaria.

Según los documentos judiciales citados por el Miami Herald, Blanco, en lugar de custodiar esos fondos, los habría destinado a uso personal, incluido un pago de más de 600 000 dólares para comprar una casa de cuatro dormitorios en Miami Lakes, mientras ofrecía a los inversionistas versiones cambiantes sobre la suerte de su dinero. La Fiscalía busca no solo condena penal, sino también la confiscación de la vivienda.

El tercer nombre es particularmente conocido entre cubanos de Miami: Boris Arencibia, empresario y promotor que pasó de organizar conciertos y festivales a sentarse en el banquillo federal. Arencibia y José Armando Rivera García fueron condenados a 57 meses de prisión por su papel en dos esquemas que movieron unos 28 millones de dólares en medicamentos desviados y mal etiquetados, incluidos fármacos para tratar VIH y cáncer.

Según la Fiscalía, compraban recetas a pacientes o las obtenían mediante fraude, almacenaban los medicamentos sin controles, los reempaquetaban y falsificaban la documentación para hacerlos pasar por productos legítimos que luego terminaban en farmacias de todo el país; en algunos frascos se encontraron pastillas equivocadas, vitaminas e incluso piedras.

El documento de la Fiscalía no lo dice pero, resulta casi evidente, presumiblemente del todo cierto, que el famoso Festival de Reguettón en Cayo Santa María, del cual Arencibia era su principal promotor, era una tapadera o una manera de lavar parte de ese dinero mal habido.

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Los tres expedientes tienen recorridos y efectos distintos, pero comparten un hilo: el acceso privilegiado a sistemas de confianza —la contabilidad de una empresa, la cuenta fiduciaria de un bufete, la cadena de suministro farmacéutica— utilizado, según las acusaciones, para enriquecerse a costa de empleadores, clientes y pacientes. Y en todos los casos, el telón de fondo es una Miami donde la mayoría de la población es latina y donde estos escándalos no solo alimentan titulares, sino que abren preguntas incómodas sobre controles internos, cultura de impunidad y la distancia entre el “sueño” de éxito hispano y la manera en que algunos eligieron alcanzarlo.

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