El caso de Eva Figueroa y su nieta Lauren —menor de 15 años cuya visa F2A fue denegada por la proclama— se inserta justo en esa grieta. Es una súplica concreta (“liberen a los menores del travel ban”) que encarna una contradicción: el mismo gobierno que argumenta proteger la seguridad nacional clausura, de facto, la vía regular para niños que solo buscan vivir con sus padres residentes o ciudadanos. Medios nacionales han retratado más familias en idéntica situación: procesos avanzados que se quedan sin efecto, entrevistas canceladas y cartas consulares con la misma frase, “ineligibilidad por proclama”.
Más allá de este caso, la publicación ha reactivado conversaciones sobre la cantidad de historias inconclusas que dejó aquel éxodo y sobre la necesidad de articular redes cívicas que ayuden a cruzar datos de manera responsable, protegiendo la privacidad pero favoreciendo los reencuentros. Para Marta, Roberto y Esteban, se trata, ante todo, de un acto de memoria: saber qué fue de su madre y, si es posible, volver a abrazarla. Si no, al menos conocer su destino para poder cerrar una herida que lleva 45 años abierta.
La cubana Vivian Limonta, deportada en agosto de 2024 tras una cita rutinaria con inmigración en Miramar, pudo abrazar nuevamente a su hijo de apenas tres años, quien viajó a la isla para verla. Las imágenes difundidas muestran la emoción contenida de una madre que, desde su regreso forzado a Cuba, ha vivido entre la nostalgia y la incertidumbre.
Mientras los debates sobre seguridad y migración escalan, Alexandria y Ariel viven una realidad donde los trámites no esperan y el amor tiene que resistir, aunque sea armado de urgencia con cinta y esperanza.
La medida marca un nuevo capítulo en la política migratoria del mandatario republicano, quien ya durante su primer mandato impuso vetos similares, entonces centrados en países de mayoría musulmana. Aquella política fue revertida por el presidente Joe Biden en 2021, pero ahora, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, el veto ha sido reinstaurado, ampliado y reformulado con base en supuestas preocupaciones de seguridad nacional.
En EE.UU., la ley distingue claramente entre ser familiar de un represor y ser cómplice. Un hijo no puede ser juzgado ni demandado por el simple hecho de haber patrocinado a su padre, aunque este haya sido un verdugo del pueblo cubano. Solo si hay pruebas sólidas de complicidad o encubrimiento, puede enfrentarse a consecuencias legales.
