Con Jorge Javier Rodríguez Cabrera en libertad, sin claridad sobre su futuro migratorio inmediato y con una congresista presionando públicamente al Departamento de Seguridad Nacional, el expediente del amigo de El Cangrejo deja de ser un simple caso de asilo y se convierte en símbolo de una batalla más amplia: quién merece realmente la protección de Estados Unidos y quién está aprovechando las grietas del sistema.
Los efectos combinados, a tenor de lo que pueda decir ella, dibujan un panorama inquietante. Por un lado, la economía se resiente en sectores que dependen de la mano de obra inmigrante. Por otro, la imagen del país como destino abierto y atractivo se erosiona en el escenario global. Entre tanto, voces como la de Salazar insisten en que no se puede seguir ignorando el aporte de quienes trabajan en silencio para sostener la vida cotidiana.
Este viernes la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus legal de 532,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Mientras se esperan futuras acciones en tribunales inferiores, miles de familias venezolanas enfrentan un futuro incierto. En ciudades como Doral y Miami, donde la comunidad venezolana ha florecido con negocios, iglesias y escuelas, la posibilidad de deportaciones masivas ha generado un clima de miedo, tristeza y desilusión.
“Me llena de orgullo anunciar que todas las jóvenes con I-220A detenidas en marzo, cuyos familiares se comunicaron conmigo, han sido liberadas. Desde que supe de estos casos, mantuve una comunicación constante con ICE”, confirmó la política estadounidense de origen cubano.
La Ley de Dignidad propuesta por Salazar indica entre otros temas crear un sistema sólido para reforzar la seguridad fronteriza, adoptar políticas migratorias que ayuden a las familias a permanecer unidas, y apoyar las contribuciones de los inmigrantes al crecimiento de la economía estadounidense y de su fuerza laboral.
Fernández, presidente de MBF Healthcare Partners, expresó al Miami Herald su frustración con la clase política cubanoamericana. “Estoy avergonzado. Hemos huido de dictaduras para ahora guardar silencio ante políticas crueles. Esa pasividad es complicidad”, dijo. Según Fernández, los líderes cubanoamericanos temen represalias de Trump y están priorizando sus carreras políticas por encima de su comunidad.
Una inesperada "guerra de carteles" se ha desatado en Miami, evidenciando tensiones políticas entre cubanos exiliados, migrantes recién llegados y simpatizantes de partidos rivales....
En conclusión, la extensión del TPS para los venezolanos en Estados Unidos fue resultado directo de una intervención judicial que bloqueó la decisión de la administración Trump de finalizar dicho estatus. Las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar han sido objeto de críticas por no reconocer este hecho y por atribuir el mérito a la administración, lo que ha generado un debate sobre la precisión y responsabilidad en la comunicación de asuntos migratorios por parte de los funcionarios públicos.
"La administración Trump debería reconocer esta realidad y no castigarlos por los errores de Biden. Démosles la oportunidad de acceder a las protecciones que se les prometieron", añadió la congresista republicana.
El cese de funciones de este medio, que ha transmitido noticias en español a Cuba desde 1985 y que muchos han considerado un pilar fundamental en la lucha contra el régimen cubano, ha generado diversas reacciones.
Según Reuters, la administración actual está impulsando una revisión masiva de los permisos otorgados bajo la presidencia anterior. En el caso de los ucranianos, la medida podría significar una deportación acelerada para miles de personas que huyeron de la guerra y se establecieron en Estados Unidos con la esperanza de una vida segura. Reuters cita un correo interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que advierte que los beneficiarios del parole no tienen un límite de tiempo para ser deportados por vía expedita.
