El caso de Eva Figueroa y su nieta Lauren —menor de 15 años cuya visa F2A fue denegada por la proclama— se inserta justo en esa grieta. Es una súplica concreta (“liberen a los menores del travel ban”) que encarna una contradicción: el mismo gobierno que argumenta proteger la seguridad nacional clausura, de facto, la vía regular para niños que solo buscan vivir con sus padres residentes o ciudadanos. Medios nacionales han retratado más familias en idéntica situación: procesos avanzados que se quedan sin efecto, entrevistas canceladas y cartas consulares con la misma frase, “ineligibilidad por proclama”.
Cubanos detenidos en Krome protestan contra las deportaciones masivas. Denuncian condiciones inhumanas y piden frenar los traslados a Texas y los vuelos hacia Cuba.
Con cada negativa a responder preguntas básicas, ICE refuerza una imagen de poder descontrolado, inaccesible, que se aleja de la transparencia exigible a cualquier institución en una democracia funcional. Y mientras esa opacidad continúa, madres como Heidy solo pueden ver a sus hijas por una pantalla.
El caso ha generado una ola de críticas entre defensores de derechos humanos, abogados de inmigración y activistas, quienes aseguran que este tipo de deportaciones reflejan una política migratoria que prioriza la expulsión rápida sobre el respeto al debido proceso y la unidad familiar.
