En dos sentencias separadas que resuenan con la gravedad de los crímenes cometidos, la justicia estadounidense ha impuesto condenas ejemplares a dos individuos por delitos que van desde la estafa hasta el robo masivo de combustible.
En Texas, Duniesky González, un ciudadano cubano, fue condenado a 50 años de prisión por su participación en un sofisticado esquema de robo de combustible.
González y sus cómplices, Camila Cruz Concepción y Ramón Pérez-Torres, cubanos también, manipularon surtidores en nueve condados, logrando sustraer más de 9.300 galones de diésel.
El grupo, además, utilizó tarjetas de crédito y débito fraudulentas para completar transacciones que les permitieron pagar solo una fracción del precio real del combustible, que posteriormente vendían a precios de mercado.
El método consistía en alterar los pulsadores de las bombas de diésel, reduciendo drásticamente el costo. Este delito no solo afectó financieramente a las estaciones de servicio, sino que también puso en riesgo la seguridad de las instalaciones y la integridad del sistema de distribución de combustible.
Tras ser detenidos en 2023, el fiscal de distrito presentó pruebas contundentes que resultaron en la severa sentencia para González, mientras que sus asociados también enfrentan serias consecuencias legales.
Prometió una piscina y cobró una millonada, pero nunca la terminó
Mientras, en un caso no relacionado en Florida, Ricardo Villarroel, propietario de Villa Pavers and Pools, fue sentenciado a 18 años de cárcel tras defraudar a cerca de 100 propietarios que deseaban construir piscinas en sus residencias, según dio a conocer Telemundo51
Villarroel engañó a sus clientes cobrando grandes sumas de dinero por adelantado sin completar los trabajos prometidos. Los montos defraudados ascienden a más de un millón de dólares. La investigación, liderada por la fiscal Ashley Moody, reveló un patrón de engaño y negligencia que afectó principalmente a familias y ancianos, quienes perdieron sus ahorros de vida con la esperanza de mejorar sus hogares.
Ambos casos han sacudido a las comunidades afectadas y han puesto de relieve la importancia de la vigilancia y la denuncia de actividades sospechosas por parte de los ciudadanos. Jeff Roberts, del Centro de Inteligencia sobre Delitos Financieros de Texas, enfatizó la necesidad de que los ciudadanos reporten cualquier anomalía en las estaciones de servicio para prevenir futuros delitos.
Estas sentencias no solo buscan castigar a los culpables, sino también disuadir a otros de cometer delitos similares. La justicia ha enviado un claro mensaje de que la explotación y el fraude, especialmente aquellos que afectan a múltiples víctimas o comprometen la infraestructura crítica, enfrentarán severas repercusiones.
Las autoridades continúan instando a los consumidores a ser precavidos al contratar servicios, recomendando verificar licencias y referencias, además de evitar pagos adelantados significativos, como medidas preventivas contra el fraude.
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