El panorama político y de seguridad vial en Florida se sacudió este viernes con una determinación tajante por parte del ejecutivo estatal. El gobernador Ron DeSantis ejerció su primer veto legislativo en lo que va del año 2026 al rechazar el proyecto de ley SB 382, una propuesta de regulación enfocada en la seguridad de las populares bicicletas eléctricas. La resolución causó un asombro generalizado en los círculos políticos debido a que la iniciativa venía precedida por un respaldo absoluto y unánime en ambas cámaras de la Legislatura, según dio a conocer inicialmente la cadena de noticias Telemundo 51.
El texto legal desechado, que recibía el nombre técnico de «Micromobility Device», buscaba poner freno a la velocidad de estos aparatos imponiendo un tope estricto de 10 millas por hora para aquellos ciclistas eléctricos que transitaran a una distancia inferior a los 50 pies de cualquier peatón. La norma contemplaba castigos financieros de consideración, pues quienes infringieran la pauta se exponían a multas por encima de los 100 dólares, penalizaciones que habrían quedado clasificadas formalmente como infracciones de tráfico que no guardan relación con el movimiento vehicular directo.
Sin embargo, la perspectiva del gobernador se inclinó hacia la defensa de las libertades individuales frente a lo que consideró una intromisión de las autoridades. Al justificar su negativa, DeSantis manifestó que la implementación de esta normativa abriría una peligrosa ventana a una supervisión gubernamental desmedida sobre las rutinas diarias de los ciudadanos.
El mandatario fue claro en sus argumentos y apuntó que «No necesitamos crear un sistema donde las personas que usan bicicletas eléctricas sean monitoreadas constantemente». Asimismo, en la misiva oficial que acompañaba su decisión, advirtió que la fiscalización de ese rango de velocidad «inevitablemente requeriría dispositivos de detección de velocidad y vigilancia, llevando a más vigilancia de las personas por parte de las fuerzas del orden».
Aparte de los límites de velocidad, la fallida ley obligaba a los cuerpos policiales a estructurar un registro detallado de los siniestros vinculados a estos vehículos, recopilando factores como la edad del conductor, el tipo de bicicleta y el momento exacto del percance. De igual modo, planteaba la formación de un comité de trabajo transitorio bajo la tutela del Departamento de Seguridad Vial, compuesto por representantes de oficinas de sheriffs, jefes policiales, miembros de la industria automotriz, delegados municipales y de condados, expertos del sector médico y colectivos de ciclistas.
Esta comisión debía entregar un diagnóstico integral en octubre de 2026 para luego disolverse automáticamente. Esta dualidad de intenciones —restringir y estudiar simultáneamente— fue otro de los flancos criticados por DeSantis, quien observó una contradicción en el orden de las acciones al señalar que «Si el objetivo era analizar el problema, primero debía trabajar la comisión antes de imponer nuevas regulaciones».
El bloqueo de la propuesta cayó como un balde de agua fría entre los legisladores y los activistas de la seguridad en las vías, sobre todo considerando el inusual consenso bipartidista que había cosechado el plan. Cabe recordar que el Senado estatal lo había ratificado por unanimidad el pasado 25 de febrero, emulando lo hecho por la Cámara de Representantes el 9 de marzo. La negativa llega además en un contexto social delicado, marcado por una profunda preocupación pública ante la escalada de accidentes viales provocados por e-bikes y scooters, que con frecuencia tienen como víctimas o responsables a menores de edad.
La realidad de las últimas semanas ilustra la gravedad de la situación en las calles de Florida a través de una serie de eventos alarmantes. En West Palm Beach, un adolescente de 17 años tuvo que ser ingresado en un hospital tras colisionar fuertemente contra un automóvil. Por su parte, en Port St. Lucie, dos hermanos de apenas 15 y ocho años de edad sufrieron heridas de consideración al impactar el scooter en el que viajaban contra un vehículo.
Los incidentes graves continuaron en Wellington, donde dos jóvenes debieron ser evacuados de emergencia en helicóptero tras perder el timón de una e-bike y arrollar a otro menor. El punto de máxima tensión comunitaria ocurrió en Jupiter, donde el fallecimiento de un estudiante de secundaria en un siniestro vial con una bicicleta eléctrica motivó urgentes asambleas vecinales dirigidas a exigir medidas de contención.
A escala federal, las estadísticas hospitalarias corroboran que la problemática de la micromovilidad está en auge, con admisiones en salas de urgencias que pasaron de 34,000 incidentes en 2017 a dispararse hasta las 93,100 emergencias documentadas en 2022, siendo los menores de 14 años el 36% del total de damnificados. En este mapa de siniestralidad, Florida se ubica de forma consistente entre los cinco estados de la nación con mayor incidencia de colisiones de este tipo.
A raíz de este veto ejecutivo, el panorama legal del estado del Sol con respecto a las bicicletas eléctricas no experimentará variación alguna. Esto significa que los usuarios seguirán exentos de tramitar licencias, registros o coberturas de seguro para conducirlas. La ley vigente solo exige el uso obligatorio de casco para los menores de 16 años y establece esa misma edad como el requisito mínimo para manejar modelos de clase 3, capaces de desarrollar velocidades de hasta 28 millas por hora.
La firma del gobernador este viernes no se limitó a este tema. A la par del rechazo a la ley SB 382, DeSantis desestimó otros dos proyectos complementarios que venían validados por el Capitolio de Tallahassee. Por contraparte, estampó su firma para convertir en leyes otras 15 normativas estatales. Entre estas últimas aprobaciones destaca una medida de fuerte carga simbólica y política: el bautizo de diversos sectores de autopistas en los condados de Miami-Dade y Broward con los nombres del influyente activista conservador Charlie Kirk y del expresidente Donald Trump, respectivamente.
